Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgo a población por presencia de grupos paramilitares en Risaralda

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría Nacional del Pueblo lanzó una voz de alerta al gobierno y las autoridades de Risaralda por la presencia de grupos paramilitares y la proliferación de minería ilegal en el territorio del resguardo indígena Chamí Unificado en Mistrató.

Indica el informe, que de acuerdo con la verificación hecho en dos ocasiones en la zona, desde el año 2016 se ha incrementado la presencia de personas ajenas al territorio y el ingreso indiscriminado de maquinaria para la explotación minera sin que se garanticen por parte de las autoridades de Mistrató y Risaralda los derechos fundamentales de estas comunidades indígenas.

De acuerdo con el informe que fue entregado desde el pasado 20 de marzo a la Gobernación de Risaralda, sobre el terreno se pudo observar la presencia e ingreso de motobombas de gran capacidad, insumos, combustible y retroexcavadoras hacia las zonas altas de las cabeceras de los ríos Mistrató, Patató, Aguita, Currumay y Totumo, maquinaria que fue destinada a la minería ilegal, lo cual ha traído graves afectaciones sociales, culturales, ambientales y de seguridad para las comunidades Embera Chamí asentadas ancestralmente en la zona.

Esta situación de proliferación de minería ilegal en esta alejada zona de Risaralda ya ha generado problemas ambientales en las comunidades de Carrema, Puerto de Oro, Currumay, Caimitio, Bequé y Vidua, ubicadas en la zona alta del resguardo hacia las cabeceras de los ríos mencionados, fuentes hídricas que en sus cuentas media y baja registran preocupantes niveles de contaminación por la remoción de materiales y el uso de sustancias contaminantes que no han sido verificadas hasta el momento, pero que han generado una ostensible disminución en la calidad del agua y en la cantidad de peces necesaria para el sustento y la seguridad alimentaria de las comunidades.

De acuerdo con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, esta situación ha facilitado la sustitución del actor armado que ejercía el control ilegal y violento en la zona, como fue hasta el año anterior el frente Aurelio Rodríguez de la Farc, cuya presencia sobre la cordillera de los municipios limítrofes entre Risaralda y Chocó, y tras el proceso de paz, ahora fue ocupado por grupos paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia conocidos como Urabeños, Paisas, entre otros.

Ante esta situación, la Defensoría Nacional del Pueblo reporta que ya en tres comunidades indígenas se han presentado amenazas contra líderes, para evitar que coloquen la denuncia o queja por la presencia de mineros ilegales en sus territorios ancestrales, generando temor y altos niveles de incertidumbre.

La presencia de este actor armado, el riesgo de la violación a los derechos humanos y la falta de acción o entendimiento de las autoridades competentes en el tema, impiden que las comunidades presenten de manera oportuna y debida la denuncia por dichos hechos, dado que los índices de desplazamiento forzado y violaciones a los derechos en el municipio de Mistrató han sido de los más altos en toda la historia de Risaralda y el Eje Cafetero.

"En el departamento de Risaralda, específicamente en los municipios de Mistrató y Pueblo Rico  hay un informe de Riesgo, especialmente en zona limírofe con el Chocó y hay unas recomendaciones para las autoridades para que se eviten acciones de grupos violentos contra los pobladores de estas zonas", dijo el ViceDefensor Nacional del Pueblo, Jorge Enrique Calero.

Bajo este contexto, la Defensoría del Pueblo solicitó al Gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, indicar a quien corresponda que en el menor tiempo posible, y dentro de un término oportuno y razonable, se disponga el inicio de las intervenciones, actuaciones y gestiones a que haya lugar para la atención integral de la denuncia en desarrollo que fue emitida por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría Nacional del Pueblo.