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La Contraloría del departamento alertó que la administración 2015 - 2018 celebró contratos sin cumplimiento de requisitos.

Vivienda
Viviendas en Santa Rosa del Sur de Bolívar, en el departamento de Bolívar
Colprensa

El Contralor General de Risaralda, Óscar Javier Vasco Gil, reveló un nuevo caso de corrupción administrativa en la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal, el cual se registró en el último día de administración del anterior alcalde, Carlos Eduardo Toro.  

Según los resultados de la auditoría de control, en esta ocasión se firmó un convenio entre la Alcaldía y un particular para la construcción de la urbanización El Portal de los Guaduales, la cual se hizo de manera irregular, ya que la funcionaria que lo suscribió no tenía facultades para hacerlo.

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“Se trata de un convenio asociativo que se firmó entre unos particulares y la administración, y la persona que suscribió el contrato con posterioridad manifestó que éste había sido el 31 de diciembre, un día después de cuando había ejercido como Alcaldesa Encargada, por lo tanto ya no podía contratar”, dijo el Contralor.

Agregó que el ente de control ha iniciado un trabajo de investigación entorno a la falta de competencia de quien firmó el contrato, con el agravante de que quien tenía las facultades expresas para contratar durante los días 30 y 31 de diciembre del año 2015, era el Secretario Jurídico de la Alcaldía.

Sin embargo, y según el Contralor de Risaralda, la parte más delicada del convenio suscrito entre la Alcaldía de Santa Rosa de Cabal y la firma constructora del proyecto de vivienda El Portal de los Guaduales, gira en torno al compromiso adquirido por la administración municipal.

En este contrato se hicieron exenciones tributarias para los inversionistas privados, situación que ya fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales.

“En este contrato se acordó la construcción de 8.000  viviendas en la zona de expansión norte Santa Rosa de Cabal y allí se acordó que el aporte del Municipio sería el valor de las licencias de urbanismo, construcción y el impuesto de  delineación, componentes que son impuestos y no pueden ser negociados por parte de la administración”, señaló el Contralor. 

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Vasco Gil agregó que “la administración no debió generar una exención sin que antes no hubiera pasado por una deliberación en los órganos de participación, es decir, en el Concejo municipal, instancia a la que nunca llegó”.

La anterior administración justificó este convenio manifestando que dicho aporte se hacía a título de subsidio para las familias que iban a ser beneficiadas, sin embargo el proyecto nunca ha existido y por consiguiente tampoco hay familias postuladas.

En criterio del ente de control, lo que se generó con este convenio fue una exención tributaria inconstitucional, donde se violaron las competencias legales y según el Contralor Vasco Gil, así fue puesto en conocimiento en el Tribunal Contencioso.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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