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Un nuevo escándalo de corrupción estalló en Dosquebradas, en donde según la Contraloría, a través de dos contratos millonarios financiaron el entierro de cerca de 100 personas que ya habían sido sepultadas, a través de afiliaciones propias con funerarias o con recursos de sus familias. 

Camilo Arango, funcionario de la Contraloría Municipal de Dosquebradas, aseguró que luego de recibir una denuncia por presuntas irregularidades en algunos contratos de la Alcaldía de esta localidad, el Ministerio Público realizó una auditoría, encontrando algunas inconsistencias en la destinación de recursos para personas supuestamente de escasos recursos que no tenían dinero para dar cristiana sepultura a sus seres queridos.

Según el funcionario de la Contraloría Municipal, en el año 2017, en un contrato realizado por la Secretaría de Gobierno de Dosquebradas, se pudo determinar que de las 89 personas que supuestamente habían sido enterradas por recursos públicos, 72 de ellas recibieron sus honras fúnebres, pero con recursos de sus familiares, traduciéndose ello en un detrimento de cerca de 150 millones de pesos.

“Se revisaron dos contratos, en especial el 553 de 2017 relacionado con servicios funerarios por un valor de 90 millones de pesos, al cual se le hizo una adición de 45 millones 800 mil pesos, donde logramos identificar mediante proceso de auditoría que de las 89 personas que el contratista relaciona para efectuar los cobros,  unas 72 personas no fueron atendidas por los contratistas, sino  que fueron enterradas  mediante  otros planes exequiales, diferentes al auxilio funerario de la administración”, dijo Arango.

En el contrato suscrito en el año 2018 se pudo establecer que hubo un detrimento de alrededor de 70 millones de pesos, ya que de las 36 personas que supuestamente enterraron a través de este contrato, 30 fueron financiadas de forma particular a través de planes familiares.

“El año 2018, el contratista al que nosotros revisamos, reportó 35 personas fallecidas de las cuales 30 fueron atendidas por funerarias particulares. El contrato era por 90 millones de pesos,  pero hasta donde nosotros revisamos llevaban ejecutados aproximadamente 70 millones de pesos, lo que significa un detrimento cercano a los 62 millones de pesos, cuando para el año 2017, el detrimento estaba en 120 millones de pesos”, dijo el Funcionario.

De acuerdo con el delegado de la Contraloría de Dosquebradas para este caso, se identificó además que de las pocas personas que sí se beneficiaron con el auxilio, muchas no cumplían con los requisitos para hacerlo, ya que no eran población vulnerable. 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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