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La Fiscalía inició procesos en contra de la secretaria privada de la Alcaldía de Pereira y el director de Gestión del Riesgo.

Mercado
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Mientras la Alcaldía de Pereira guarda absoluto silencio sobre los funcionarios del gobierno municipal, dos contratistas y el gerente de un supermercado de la ciudad, que son investigados por presunta corrupción administrativa en la compra de mercados para la atención del COVID-19, la Corporación Vigía Cívica, que investiga contratos, afirma que faltan más personas por vincular al proceso.  

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Luego de que el Fiscal General de Nación, Francisco Barbosa, dio a conocer un listado de alcaldes, gobernadores y contratistas de diferentes localidades del país, que se encuentran implicados en la incorrecta e ilegal destinación de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia sanitaria.

Se evidenció que hay procesos en contra de la secretaria privada de la Alcaldía de Pereira, Mónica Patricia Botero Montoya y contra el director de Gestión del Riesgo de la capital risaraldense, Alexander Galindo; al igual que contra dos contratistas y el propietario de un supermercado de Pereira.

Ante esta situación, sin pronunciamiento alguno se ha mantenido la Alcaldía de Pereira, pero quien no guardó silencio fue James Fonseca, director de la Corporación Vigía Cívica, la cual investiga la contratación, indicando que fueron más los proponentes que presuntamente se confabularon para pasar la misma cotización de los mercados, lo que indicaría que existen más personas para vincular al proceso.

“Los dos proveedores cotizaron con idénticos precios, pero en nuestras investigaciones pudimos ir un poco más allá, encontrando que fueron cuatro las empresas a las que se les pidieron cotizaciones y pasaron los mismos precios para conformar un mercado de $100 mil cada uno. Ellos se confabularon para poner los mismos precios y eso es lo que tendrán que explicar en medio de las indagaciones de la Fiscalía.

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Los contratos que son objeto de investigación alcanzan los mil millones de pesos, ambos firmados por Mónica Botero Montoya, como delegada del alcalde, quien profirió dos actos administrativos mediante los cuales designó a los contratistas Emprender S.A. y Bustos y Compañía, a quienes se pagaron mercados a cien mil pesos cada uno, en los cuales se comprobaron presuntos sobrecostos que habrían permitido la apropiación ilícita aproximada de 29 millones pesos y de 67 millones pesos, respectivamente.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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