La contraloría aseguro que la persona que firmó el contrato de convenio asociativo de vivienda, no estaba autorizada.

La Contraloría de Risaralda detectó varias irregularidades en el proyecto de construcción de 8 mil viviendas en el terreno “Plan Parcial Zona 10” de Santa Rosa de Cabal , a través del contrato entre la administración local y dos empresas privadas. De acuerdo con el ente de control estas inconsistencias acarrean un detrimento patrimonial.

Oscar Javier Vasco, Contralor de Risaralda aseguró que la entidad encontró que quien firmó el contrato de convenio asociativo de vivienda el 31 de diciembre de 2015, no tenía competencia para hacerlo, ya que el 30 de diciembre de ese año el alcalde estaba ausente dejando a una funcionaria como alcaldesa encargada por siete horas, de 12:00 del día a 7:00 de la noche del 30 de diciembre, y esta pese a no estar facultada firmó el convenio al día siguiente.

"Básicamente ese convenio se celebra para la construcción de 8000 viviendas en el municipio de Santa Rosa de Cabal, y la contraloría al efectuar el control de legalidad,  donde se encuentran datos e inconsistencias reelevantes o principales que pueden generar la nulidad del contrato, la primera de ellas es la falta de competencia porque aunque el convenio aparece firmado el 30 de diciembre de 2015 por una funcionaria, quien en su momento era la Secretaria de Gobierno, quien había sido encargada como alcaldesa, el documento aparece firmado el 31 de diciembre, momento para el cual la funcionaria no estaba habilitada como alcaldesa y sin competencias para suscribir este convenio para el municipio ", dijo el Contralor.

Según el contralor, el convenio que se firmó entre la Alcaldía y las empresas privadas, podría generar un detrimento patrimonial para el municipio, ya que en el documento se acordó realizar exenciones tributarias a favor de los particulares, quienes no deberían pagar licencias de urbanismo, licencias de construcción, e impuestos de delineación, que estuvieran sujetos a la ejecución del proyecto.

Ante esta situación, la Contraloría de Risaralda a través de una demanda pidió que se decretara una medida cautelar que ordenara la suspensión de los efectos tributarios del convenio, para evitar que continuara con el daño patrimonial del municipio.

"La segunda inconsistencia que encontramos, es que vía convenio se acordó la exención de impuestos  para el proyecto denominado Guaduales, ahí quedó dispuesto que  quedaban exentos los asociados de pagar impuestos de delineación, licencias de construcción y licencias de urbanismo de las 8000 viviendas, tenemos claro desde la Contraloría que todo en materia tributaria debe pasar por los órganos de representación, es decir en este caso este proyecto debió pasar por el concejo municipal", dijo el Contralor de Risaralda.

Recordó el Contralor General de Risaralda, Óscar Vasco, que esta serie de inconsistencias pueden ser consideradas como detrimento patrimonial, razón por la cual serán investigadas.

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