Como una refrendación a su inocencia, calificó el actual Alcalde de Quinchía en Risaralda la decisión del Consejo de Estado de ordenar a la Fiscalía  indemnizar con más de siete mil millones de pesos a 29 personas que fueron enviadas a la cárcel tras una operación judicial en el año 2003.

El actual alcalde de Quinchía, Jorge Alberto Uribe, quien para la época del desafortunado operativo judicial hacía campaña para la alcaldía y fue uno de los capturados señalado por la Fiscalía de ser auxiliador de los grupos armados que para entonces operaban en la zona, manifestó que este fallo del Consejo de Estado reitera la condición de inocentes de todas las personas que fueron capturadas en dicho operativo.



Uribe señaló que todos los detenidos han tenido que esperar varios años para que el alto tribunal hiciera justicia con todos los ciudadanos de bien que fueron señalados por la Fiscalía como autores de muchas conductas punibles que empañaron su buen nombre ante la opinión pública del departamento y del país.



Por su parte el abogado defensor de la víctimas, Benjamín Herrera, celebró que el Consejo de Estado diera celeridad al proceso y en un fallo corto en comparación con otros de su tipo, le diera a las víctimas la oportunidad de ser indemnizadas.



El Estado deberá pagar la suma de 7.300 millones de pesos a las 29 personas que fueron envíadas a la cárcel por presuntos nexos con la subversión, ya que los hechos nunca fueron probados.