Evalúan posible responsabilidad de suboficiales en caso de menor indígena abusada en Risaralda

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva línea de investigación disciplinaria por el caso de la violación a la menor indígena de la comunidad embera chamí, en el departamento de Risaralda, que involucra a mandos medios del Ejercito Nacional.

En esa investigación, el Ministerio Público pretende determinar si hubo alguna falta disciplinaria, por parte del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero, Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero, Jaider Muñoz García.

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Fuentes del Ejército explicaron que los soldados implicados en los hechos estarían al mando del sargento y los dos cabos, y la presunta responsabilidad, en primer grado, sería la del sargento viceprimero porque es el encargado al mando de todo el grupo de uniformados.

Sin embargo, la Procuraduría aclaró que aún se esta evaluando la presunta responsabilidad de los suboficiales en los hechos y el posible grado de la misma. 

Los siete soldados y sus mandos, es decir, el suboficial y los cabos, hacían parte del Batallón de Artillería No. 8 del Ejército, Batalla San Mateo, con sede en Pereira”.

El proceso contra los tres suboficiales inició en la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército. Esos procesos pasaron a manos de la Procuraduría General que aplicó el poder preferente en las investigaciones.

Los soldados implicados que aceptaron cargos fueron identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruíz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

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La Procuraduría avanza en la práctica de pruebas para decidir si llama a juicio disciplinario a los soldados.

Para el Ministerio Público, los hechos investigados “podrían llegar a constituir afectación de Derechos Humanos, en atención a la condición especial de la víctima, por tratarse de una menor de edad que pertenece a un grupo étnico”.

El Procurador General, Fernando Carrillo Flórez, designó como funcionario especial para llevar este proceso disciplinario al delegado para la Fuerza Pública y la Policía Judicial, "dada la situación de especial protección de la víctima y la trascendencia de los hechos como grave violación de los Derechos Humanos".