Archivo Referencial - Defensoría del Pueblo en el Quindío


Armenia.


Por acción de tutela de la Defensoría del Pueblo en el Quindío se logró el restablecimiento del derecho a la seguridad de Pastora Montilla, miembro de la mesa departamental de víctimas y líder de derechos humanos en Chocó, Nariño, Cauca, Tolima y el Eje Cafetero.


El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia ordenó a la Dirección General de la Unidad Nacional de Protección UNP que, dentro de 48 horas hábiles, proceda a restablecer a la señora Pastora Montilla Chicaiza el esquema de seguridad que tenía antes de la emisión de la resolución No 4063 del 30 de junio del 2017 que consiste en un vehículo convencional, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado para garantizar su seguridad.


Pastora Montilla es coordinadora de la mesa departamental de víctimas de Calarcá, suplente en la Mesa Nacional de Víctimas, miembro de la mesa de apoyo del legislativo de la JEP y la Circunscripción Especial para la Paz, y defensora de derechos humanos de mujeres a nivel nacional de la Fundación Humanitaria Nuevo Amanecer.  Indicó que, la decisión le genera tranquilidad ya que es un riesgo andar sin protección para su vida y la de otras personas.


“Estaba pensando a donde iba a coger, porque tenía mucho miedo de quedarme en el departamento del Quindío, y esto reanuda las esperanzas porque lo que menos quiero, es irme del país corriendo cuando nosotros le hemos aportado un granito de arena al proceso de paz”, expresó con lágrimas la líder regional.


El caso se convierte en ejemplo a nivel nacional por la dificultad que tienen los defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto armado en acceder a la protección ante las amenazas de muerte a las que se ven enfrentados.


Pastora Montilla, se encuentra incluida en el informe de riesgo 010 del 2017 que emitió la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. El documento señala que, desde finales del año 2015 se incrementaron las agresiones a líderes sociales y comunitarios, y destaca que a partir de la firma de los acuerdos de paz se incrementaron las amenazas y atentados contra líderes, víctimas del conflicto y defensores de derechos humanos.