Gobernador de Quindío, a juicio disciplinario por contrato de linea de emergencia

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia al gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la línea de atención 123 por un valor superior a $2.360 millones de pesos.

Se presume que en la adjudicación se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante el modelo de contratación directa, a una organización que presuntamente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ponerlo en funcionamiento en el caso de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU).

De acuerdo a la investigación que adelanta la procuraduría, ante la aparente falta de recursos técnicos y operativos, para que ESU pudiera operar el sistema, los costos de ejecución del proyecto se habrían incrementado en un 10%, al haberse contratado un tercero convirtiéndose solo en un intermediario.

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El denunciante Jaime Alberto Martínez Vélez, indicó que las presuntas irregularidades se presentan cuando la empresa ESU le subcontrata el proyecto a Hernán Moreno Pérez, según Jaime Alberto, la misma persona que fue nombrada por la Fiscalía General de la Nación como parte del carrusel de la contratación de la valorización de Armenia.

“Es el mismo tema de Furel del escándalo de la valorización de Medellín, la vinculación de la gobernación de San Andrés en un proceso y otros casos, me llevaron a buscar al procurador para que se investigaran estas presuntas irregularidades”, indicó Jaime Alberto Martínez.

El hoy candidato a la alcaldía de Armenia, dijo que “nadie está diciendo que el gobernador sea culpable y hasta que el mandatario no de sus descargos y presente sus pruebas no podemos decir que hayan irregularidades".

A la audiencia pública también fueron citados los funcionarios de la administración departamental para la época: el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU) David Viera Mejía.

El gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá, se pronunció y expresó que fue notificado en las últimas horas.

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“Los funcionarios públicos debemos dar cuenta de nuestras actuaciones hasta que ha satisfacción de quien controla queden claras todas las cosas”, señaló el gobernador.

“Tenemos la conciencia tranquila; se ha hecho lo que hay que hacer y esa empresa ha hecho el mismo contrato con la Nación, con el ministerio del Interior, con varios municipios de Antioquia y el en el resto del país y no tenemos esa culpa que pudiéramos sentir, precisó el mandatario seccional.

La Procuraduría General de la Nación calificó la presunta conducta del gobernador de Quindío, como una falta gravísima a título de culpa grave. Los otros implicados habrían cometido una falta gravísima.

La audiencia pública fue fijada para el próximo 3 de septiembre a las 9 de la mañana.