Foto: RCN Radio

La Fiscalía General de la nación, le imputará cargos al actual Gerente de la Industria Licorera de Caldas, Luis Roberto Rivas Montoya, por una presunta captación ilegal de dineros, en el sonado caso Integramos de Manizales. RCN Radio conoció que el ente acusador, citó al ex alcalde de Manizales pero también a otros familiares suyos por ese caso de Integramos en el que personas de la alta sociedad de la capital de Caldas, habrían entregado gruesas sumas de dinero a cambio de jugosos intereses. La audiencia conocida como Imputación de cargos, está programada para los días 10 y 11 de este mes, es decir, martes y miércoles de la próxima semana. Hay que recordar que La Fiscalía y el estado colombiano, habían sido denunciados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el poco avance en la investigación que se adelantaba justamente por el caso de Integramos. El contexto de esa noticia, en su momento en RCN Radio, fue la siguiente: La Fiscalía General de la Nación, y el estado colombiano, fueron denunciados  ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de la captadora ilegal de dineros, conocida como  Integramos S.A., que operaba  en Manizales, en cabeza del ex alcalde de esta capital, Luis Roberto Rivas y otros miembros de su familia.   El nulo avance de la investigación por la supuesta captación ilegal de recursos a través de la firma Integramos, cuyo representante fue el ex alcalde Luis Roberto Rivas Montoya, acabó con la paciencia de las supuestas víctimas quienes decidieron acudir a las instancias internacionales, demandando al estado colombiano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Whashington.   Son 150 víctimas quienes habrían entregado cerca de 20 mil millones de pesos a Integramos a cambio de jugosos intereses y que después de 5 años, la Fiscalía aún tiene el proceso sólo en indagación preliminar, le explicó a RCN La Radio en Manizales,  el abogado penalista, Mauricio Pava.   Dijo que esto los llevó a poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su argumento es que después de un lustro de haber sido intervenida la empresa Integramos al considerar que operaba como una pirámide, es decir, una captadora ilegal de recursos, el ente acusador no ha avanzado en sus indagaciones y aún se encuentre en etapa preliminar, sin responsables identificados.   En diálogo desde la capital de la República con RCN La Radio noticias del medio día, el jurista reprochó que el proceso haya tenido varios fiscales que han ordenado un sinnúmero de procedimientos judiciales, pero sin respuestas concretas a las víctimas.   Agregó que desde el 2003, Integramos se dedicó a  la captación de dineros del público en Manizales, indicando a las personas que su dinero iba a ser invertido en operaciones de factoring (compra de deudas) con empresas exitosas y solventes, como almacenes Éxito, Coca Cola o la Bolsa Nacional Agropecuaria”. No obstante, el 23 de enero de 2009, el Gobierno intervino la cuestionada firma tras concluir que no tenía autorización para operaciones de captación. De paso envió el caso a la Fiscalía.   La familia Rivas interpuso de inmediato tutelas para tumbar la intervención de la Superintendencia de Sociedades, pero ningún juez le dio la razón.   El caso llegó primero a un fiscal en Manizales y luego pasó a la Unidad de Lavado de Activos. Las víctimas habían denunciado que la firma del ex alcalde de Manizales incumplió de un momento a otro los pagos y la rentabilidad prometida de los dineros invertidos, que oscilaba entre el 18 y el 20% efectivo anual.   En su defensa, los representantes de Integramos alegaron que Almagrario —empresa que conserva y vigila el manejo y la distribución de productos agrícolas— les quedó mal y ahí vinieron los líos.   Por su parte, los defensores de la familia Rivas y la firma Integramos sostienen que no puede aceptarse ningún delito en este proceso y que se encuentran a la espera de cualquier llamado de la justicia. El abogado Juan Manuel Ríos, por ejemplo, señaló: “Nosotros hemos estado en espera de los resultados de la investigación. Si la Fiscalía no ha tomado decisiones al respecto, eso quizá se debe a que no ha encontrado méritos para hacer una imputación. Hemos sido respetuosos de los tiempos de la justicia y nuestra posición siempre ha sido la misma: no existen responsabilidades penales”.   Mientras en los estrados nacionales e internacionales se sigue debatiendo la responsabilidad de algunos particulares en una presunta estafa y del Estado por su morosidad para investigar, las 150 víctimas que perdieron cerca de $20.000 millones se siguen preguntando si alguna vez recuperarán su dinero. Posteriormente, con bienes incautados a la familia Rivas Montoya, la Supersociedades, logró la devolución de parte de los dineros a los afectados.