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Resguardo Unificado
Comunidad Indígena Risaralda.
Foto Osvaldo Parra/ RCN Radio.

Las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) “Por la Pacha Mama” denunciaron que toda la comunidad de la vereda Kuna Gito del resguardo Gito Dokabu, ubicado en corregimiento de Santa Cecilia del municipio de Pueblo Rico -al occidente de Risaralda-, tomaron la decisión de confinarse en sus casas, ante las problemáticas de seguridad por las que están atravesando.

Son 325 personas, integrantes de 120 familias de este resguardo localizado en la zona limítrofe con el Chocó, las que tomaron la decisión de no salir de sus casas pues, según la denuncia del AICO, están siendo asediadas por parte de un grupo armado ilegal y del Ejército Nacional.

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La denuncia fue hecha en el Sistema Integrado de Información de RCN Radio por el comisionado de los Derechos Humanos de AICO “Por la Pacha Mama”, Jhon Jairo Tapie, quien dio a conocer los casos de tomas de viviendas de la comunidad por parte de hombres armados desconocidos y unidades del Ejército.

El 3 de febrero llegan desconocidos vestidos con camuflados y armas cortas y se refugian en una de las casas deshabitadas de la vereda Kuna Gitó del Resguardo Gitó Dokabú. Al parecer, estos hombres pertenecerían al ELN”, reveló el vocero indígena. 

En igual sentido, reveló que al día siguiente del hecho llegó al resguardo el Ejército Nacional cuyas unidades, sin mediar palabra y en una franca violación a los derechos de los pueblos indígenas, se tomaron por la fuerza la vivienda de un docente indígena del resguardo.

“Al otro día la fuerza pública fue a buscarlos. Tenemos entendido que en una de las casas, la de un docente indígena, entran a buscar a estos desconocidos, de manera violenta, de manera agresiva, tirando las pertenencias de los compañeros indígenas”, explicó Tapie.

En este sentido, el dirigente de AICO señaló que de acuerdo con las versiones de la comunidad, en ningún momento estas familias están albergando bajo su consentimientos a nadie de los grupos al margen de la ley.

Ante dicha situación, el pasado 7 de febrero se llevó a cabo virtualmente una sesión del Comité Departamental de Justicia Transicional, en el que se expuso el tema. Sin embargo, las medidas de protección a las comunidades aún no se han dado, señaló la fuente.

Bajo tal contexto, las autoridades indígenas están solicitando la intervención de una comisión humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo y los organismos internacionales para que sirvan de garantes, en aras de que los actores armados como el ELN y la fuerza Pública, respeten los derechos humanos de las 120 familias indígenas que se encuentran confinadas. 

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Vale la pena destacar que, desde hace varios meses, los dirigentes indígenas han venido denunciando la presencia de hombres armados desconocidos en sus territorios.

Recientemente, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, reconoció la presencia de bandas delincuenciales y del ELN, por lo que está pidiendo de manera reiterada que se refuerce la seguridad en esta zona limítrofe en el Chocó.

En las últimas semanas se han evidenciado sobre la vía Panamericana, que une a los dos departamentos, quemas de vehículos, robos a quienes transitan por la ruta y hasta la violación de una mujer que venía como pasajera en un vehículo.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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