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La acción también se extiende en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y se interpuso con el fin de que se anule la resolución por presunta trashumancia en Manizales.



Así lo dijo el abogado Armando Ramírez Olarte, asesor jurídico de las víctimas, al recepcionar quejas de varios ciudadanos con domicilio en Manizales, quienes cuentan con superioridad a los dos años de domicilio en la ciudad y a quienes se les anuló la inscripción de sus cédulas, es decir, a quienes se les impide votar este 25 de octubre”.

El Consejo Nacional Electoral demuestra su ineficiencia, pues impide el desarrollo de los Derechos Fundamentales a elegir y a ser elegido, al debido proceso, entre otros, por cuanto no tuvo en cuenta los tiempos para garantizar en debida forma el derecho de defensa y proceder con justicia y ajustado al Estado Social de Derecho”. Explicó el abogado.

Ramírez Olarte agregó que “Si como se dice, hubo trashumancia electoral, lo debido es que se inicien las investigaciones penales del caso para enviar un mensaje al colectivo nacional de que la situación no quedará así, impune y que dicha conducta tendrá sus sanciones penales, pero no impedir el libre ejercicio democrático, generalizando una situación que en todos los casos no es cierta”.

Concluyó el abogado que, “inicialmente son dos los demandantes, Juan Camilo Ortiz Acuña y María de los Ángeles Losada Tejeda, quienes tienen las pruebas necesarias para demostrar su residencia y domicilio en esta capital, incluido su matrimonio; a fin de que sean habilitados para ejercer el derecho al sufragio”.