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Falsos Positivos
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Luego de una ardua lucha por conocer la verdad sobre la desaparición de su ser querido, a quien tras 16 años de búsqueda encontraron enterrado como NN en el cementerio de Riosucio (Caldas), por fin a la familia del exdiputado risaraldense Manuel Antonio Castillo, la JEP los acreditó como víctimas de los falsos positivos del país y empezarán su proceso jurídico, para la respectiva reparación por parte del Estado.

Según lo que tanto familiares del líder político risaraldense, como el abogado apoderado de ellos, lograron demostrar ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), es que presuntamente fue asesinado por uniformados de la Compañía Bisonte, del Batallón Ayacucho de Manizales, en hechos registrados el 22 de febrero de 2003 en la vereda La Florida de Riosucio (Caldas) y presentado posteriormente como presunto integrante de un grupo guerrillero.

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El abogado Chrysthian Hernández Castaño, apoderado de las víctimas, indicó que “los hechos se registraron en el 2003, donde tropas del Ejército Nacional presentaron a una persona que tenía una trayectoria política y civil en Risaralda de reconocimiento, como si fuera un guerrillero, pero gracias a las pruebas que logramos presentar ante la JEP, se remitió el respectivo auto en el que lograron establecer esa calidad de víctimas para los familiares y así lograr intervenir en dicho proceso”.

Según lo señalado por el abogado Hernández, después de mucho buscar al exdiputado risaraldense por diferentes ciudades del país, “la familia sólo supo del paradero de su ser querido en el año 2019 cuando se estableció el fallecimiento del hombre y que su cuerpo había sido enterrado como NN en el cementerio de Riosucio (Caldas), desde esa fecha se iniciaron todos los procedimientos de carácter judicial que terminaron con este reconocimiento como víctimas de falsos positivos”.

Con este reconocimiento, el abogado Hernández y la familia que representa, esperan “conocer la verdad de los hechos, buscar justicia y reparación para los afectados”, luego de todo lo que sufrieron al desconocer la suerte y el paradero del exdiputado risaraldense Manuel Antonio Castillo.

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Hay que recordar que Manuel Antonio Castillo, ocupó el cargo de Diputado en Risaralda entre los años 1978 a 1982; también fue directivo seccional de la Central Nacional de Provivienda; igualmente trabajó como agente independiente de seguros, entre otros cargos que ejerció; por lo que con esto, la familia y su apoderado, lograron desvirtuar las versiones entregadas inicialmente por el Ejército, sobre su presunta relación con la guerrilla de las Farc, específicamente con el frente ‘Aurelio Rodríguez’. 

El abogado Hernández destacó también de este hecho, que ahora los parientes del exdiputado Castillo, dentro de las audiencias de la JEP, podrán conocer de primera mano qué fue lo que ocurrió con él, cómo sucedieron realmente los hechos, cuáles fueron las condiciones que llevaron a los militares a ejecutarlo; también podrán confrontar las versiones y pruebas presentadas dentro del proceso por parte del Ejército Nacional, que al parecer, habría entregado pruebas falsas según la familia y su apoderado, por lo que habrá que esperar las decisiones jurídicas y judiciales que se desprendan de este suceso.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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