La Caja de la Vivienda no se quebró... ¡se la robaron! Alcalde de Manizales
El alcalde de Manizales, Octavio Cardona León, denunció publicamente que la Caja de la Vivienda Popular, que está en proceso de liquidación, no se quebró sino que se la robaron.
9 Mayo 2017 - 05:01 pm
En la reciente clausura del primer período ordinario de sesiones del Concejo Municipal, el alcalde de Manizales denunció la iregularidad que ya puso en conocimiento de la Fiscalía
El alcalde de Manizales Octavio Cardona León, aprovechó su intervención en el acto de clausura del primer periodo ordinario de sesiones del Concejo, para hacer pública la denuncia sobre una de las principales causas que llevaron a las crisis financiera de la Caja de la Vivienda Popular, una entidad descentralizada del orden municipal, que está en proceso de liquidación.
"La Caja de la Vivienda no se quebró... gran parte de la Caja de la Vivienda se la robaron", manifestó el alcalde, en el atríl del recinto de la corporación edilicia y explicó que muchos de los arrendamientos que pagaban los ciudadanos, nunca entraron a las arcas de la Caja, sino a los bolsillos de los funcionarios de la época.
El mandatario manizaleño advirtió que la acción penal ya reposa en Fiscalía Quinta Seccional de la capital de Caldas.
La directora de Fiscalías Seccional Caldas, Clara Irene Giraldo, le confirmó a RCN Radio, que en efecto, en la Fiscalía Quinta se tramita actualmente el proceso de la denuncia que se formuló sobre la Caja de la Vivienda Popular, por presuntas apropiaciones y falsedades.
El presidente del Concejo de Manizales, Víctor Hugo Cortés, dijo que la Caja de la Vivienda era una entidad que no le servía a la ciudad porque ejecutava 750 millones de pesos en su objeto misional y en administración , gastos de funcionamiento y nómina, se gastaba 1.300 millones de pesos. Consideró que en consecuencia, no era recomendable, no tenía sentido, sostener una nómina de 1.300 millones, para ejecutar 750 millones.
El año anterior el alcalde Cardona León, recordó que una razón técnica hacía inviable la entidad y es que por ley 715, los alcaldes no le pueden asignar recursos a los establecimientos públicos. "Cuando un establecimiento público no da resultados durante 3 períodos fiscales consecutivos, es obligación liquidarlo; sólo hay una excepción y se hace con base en una sentencia de la Corte Constitucional para el tema de la Salud, pero los demás que no sean eficientes tienen que ser liquidados", precisó en su momento.