Cargando contenido

Ahora en vivo

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Se implementaron ilegalmente en Chinchiná-Caldas
RCN Radio

El Tribunal Administrativo de Caldas confirmó el fallo de primera instancia que profirió el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales en contra del municipio de Chinchiná, por la instalación de fotomultas en la Autopista del Café, a su paso por esa localidad cafetera.

La sentencia de segunda instancia y con ponencia del magistrado Carlos Manuel Zapata Jaimes, mantiene la suspensión de la ejecución del contrato de concesión toda vez que el municipio de Chinchiná no tenía competencia para instalar mecanismos de control de velocidad en una carretera nacional, en los puntos geográficos que no correspondieran al perímetro urbano del municipio.

La sentencia explica que si bien el kilómetro 29 de la vía Manizales-Pereira-Armenia, forma parte del territorio de la jurisdicción del municipio de Chinchiná en Caldas, ese punto geográfico específico según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), no forma parte del perímetro urbano de esa población.

Leer más:  Fotomultas: duro cuestionamiento del Gobierno a fallo de Corte Constitucional

En consecuencia, son otras autoridades nacionales las que tienen la competencia para ejercer algún control de tránsito, según las normas correspondientes, por lo que se confirmó la medida cautelar de suspensión del contrato entre el municipio de Chinchiná y Construseñales S.A y que tenía como fin ejercer control vehicular en la jurisdicción de este municipio y por el cual se instaló una unidad móvil de detección de velocidad en el kilómetro 29 de la vía nacional Manizales-Pereira-Armenia.

El Tribunal Administrativo de Caldas considera que se violaron los derechos colectivos a la moralidad pública administrativa y al patrimonio público con las actuaciones pre y contractuales que conllevó a la suscripción del contrato de concesión No. 001 de 2013, con la empresa Construseñales S.A y que tenía como fin ejercer control vehicular con el montaje de una unidad móvil de detección de velocidad.

Leer más:  Así funcionarán las cámaras de fotomultas según Corte Constitucional

El respectivo contrato se pactó a un plazo de 20 años y con una remuneración del 40% del producto del recaudo bruto por las multas y comparendos impuestos por infracciones de tránsito detectadas a través del sistema de fiscalización instalado.

Con ese porcentaje se recuperaría la inversión, la operación y el mantenimiento del sistema de cámaras electrónicas.

Tanto el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Manizales, como el Tribunal Administrativo de Caldas, encontraron que no hubo autorización al alcalde de esa época para que comprometiera vigencias futuras para tal fin y hubo una flagrante vulneración al derecho colectivo de la moralidad administrativa y patrimonio público, pues con el contrato se comprometieron recursos por fuera de la vigencia anual, violando de manera rampante la forma como se pueden comprometer las vigencias futuras del municipio de Chinchiná.

Así las cosas, agrega el magistrado Carlos Manuel Zapata, se demuestra que se cumplen los parámetros que ha establecido la jurisprudencia para entender vulnerados los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, así como quedó probado que no se manejaron los recursos del municipio de Chinchiná con honestidad, al comprometer vigencias futuras indebidamente, quebrantando el principio de la legalidad y se desvió el interés general.

Fuente

Sistema Integrado de Información

Encuentre más contenidos

Fin del contenido.