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Foto/ Cortesía SINTRAELECOL

Uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de Manizales, fue condenado a ocho años de prisión por exigir dos millones de pesos, a cambio de confesar una presunta modificación de la policía en un hecho donde el sindicalista Oscar Arturo Orozco resultó gravemente lesionado en uno de sus ojos.

Por hechos ocurridos el día 10 de enero del año 2014 cuando el grupo Antimotines de la Policía Nacional se encontraba en la Plaza de Toros de Manizales, momento en que se realizaba el desfile religioso de la virgen de la Macarena dentro de la programación de la Feria de Manizales, se presentó un enfrentamiento entre la fuerza pública específicamente y los manifestantes del sindicato SINTRAELECOL.

En medio de ese enfrentamiento un artefacto explosivo fue lanzado por uno de los integrantes del grupo antidisturbios, resultando gravemente lesinado el sindicalista Oscar Arturo Orozco Sánchez, y con lesiones menores Edwin Fernando Carmona Zuluaga, Oscar David Patrón Morón, ademas del patrullero de la policía Efraín Castañeda Correa, a quien se le investigó en esta diligencia.

Diez días después a la sede del sindicato llegó Efraín Castañeda Correa, joven patrullero pertenecinte al Grupo ESMAD, indicando que deseaba hablar con alguien del recinto sobre lo ocurrido esa noche en la plaza de toros.  Fue así como después de acordar una cita en una cafetería ubicada en la carrera 22 con calle 25 de Manizales, el abogado de esa entidad, el señor Rudiger Arango Atehortúa, precisamente el abogado del sindicalista Oscar Arturo Orozco Sánchez, y aquel en compañía de Ramón Marino Largo Agudelo y José Eutimio Ortiz Vélez se encontraron con el citado uniformado.

En el encuentro el patrullero expuso que un compañero suyo, del que no dijo su nombre, fue quien lanzó el artefacto explosivo que lesionó a Oscar Arturo Orozco Sánchez, escena del crimen que modificó con parafina la misma policía, es decir, modificaron el sitio de la explosión, por ello seguidamente les puso de presente la importancia de su declaración que pudiera emitir ante las autoridades judiciales, a renglón seguido exigió dinero por emitir esa deponencia, ya que a causa de ello él terminaría siendo traslado muy lejos.

Sin embargo, los presentes le indicaron al policial que ello no era legal y que debía emitir voluntariamente su declaración ante las autoridades. Razón por la cual, la conducta fue denunciada y llevada a juicio, donde finalmente se determinó la culpabilidad del patrullero por el delito de concusión, donde varias pruebas entre ellas un vídeo del encuentro y varios testigos, contaron que lo exigido por el uniformado era de dos millones de pesos para dar esa versión.

El juzgado quinto penal del circuito fue el encargado de dictar dicha sentencia, la cual se dio por una pena de ocho años y una multa equivalente a cuarenta y un millones sesenta y dos mil quinientos sesenta pesos ($41.062.560),  donde además se le negó la prisión domiciliaria, a pesar de ser solicitada por su condición de padre cabeza de familia.