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La salud es el derecho más vulnerado en el departamento.

Salud Vulnerada
Foto Noticias RCN

De acuerdo con un balance entregado por la Defensoría Regional del Pueblo, en el 2019 el departamento de Risaralda no salió bien librado en materia de Derechos Humanos y se convirtió en la región del país donde más se viola el derecho a la salud.

La revelación fue hecha por la defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu, quien señaló que hay una inmensa cantidad de ciudadanos que denunciaron esa vulneraciones.

“Este año que culminó tenemos que reconocer que en Derechos Humanos el departamento se rajó. Más de siete mil personas tuvimos solicitando tutelas para proteger sus derechos fundamentales en temas vitales”, reveló la funcionaria.

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La defensora Cifuentes señaló que el derecho a la salud es el más vulnerado, cifras que colocan a Risaralda a nivel nacional como el departamento donde más se viola el derecho a la salud.

Para la funcionaria, esta cifra puede ser mucho mayor ya que también existe una inmensa mayoría de ciudadanos que no acuden a ninguna instancia en busca de apoyo, para que les tutelen sus derechos.

Cifuentes Aranzazu dijo igualmente que si bien es cierto que la salud es el derecho más vulnerado, tampoco se puede desconocer que en la región se violan otros derechos fundamentales, sin importar la edad.

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"No se si es por la complejidad de la ubicación geográfica en la que se encuentra Risaralda, pero aquí pasan muchas cosas como el tráfico de personas y riesgos palpables sobre los líderes sociales", advirtió.

Con relación a los derechos de los menores de edad, destacó que se presentan casos de explotación laboral, además de adicciones a las drogas, deserción escolar y que muchos menores son objeto de mendicidad, por lo que esa población se encuenra en un alto grado de vulnerabilidad.

Todas estas situaciones con los menores y demás, las dejamos registradas el año pasado en las diferentes sesiones de los consejos de Política Social y el de Justicia Transicional, donde las evaluaciones fueron muy delicadas”, precisó la defensora.

Concluyó que el departamento terminó el año con alertas tempranas en estudio y sin resolver, en las que los líderes sociales Y las comunidades más vulnerables como las indígenas y afrodescendientes en la zona limítrofe con el Chocó, registran graves riesgos que aún no han sido resueltos.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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