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Esta situación en la que sólo el 6 por ciento de las víctimas retorna a sus hogares, se debe a las modalidades empleadas por los perpetradores para ocultar los cuerpos como entierros en fosas comunes ilegales, alejadas y de difícil acceso, incineración y ocultamiento en ríos y mares.

Responsabilidad

Según se indicó, paramilitares, guerrillas, agentes del Estado y criminales organizados encabezan la lista de los perpetradores de esta modalidad de victimización.

El Centro Nacional de Memoria Histórica recogió cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), que atribuye el 28.8% de los casos a los paramilitares, el 10% a las guerrillas y un 1% a agentes del Estado.

Sin embargo, el Centro de Memoria cruzó información del Registro Único de Víctimas y de las organizaciones sociales que indican que "la participación de agentes del Estado se extiende hasta la colaboración, incitación y permisividad con los paramilitares, quienes, según esta información, han perpetrado el 70% de los casos de desaparición".

Antioquia, con mayor número de víctimas

El Centro Nacional de Memoria Histórica señala que en 813 municipios de Colombia se han registrado desapariciones forzadas en los últimos 43 años.

Indica que Antioquia ha registrado el 24% de las desapariciones forzadas, seguido por el Valle del Cauca con el 7%. Meta, Nariño y Putumayo, con el 6% cada uno.

En el caso de Antioquia, los municipios más afectados han sido Medellín. Turbo, Puerto Berrío, Apartadó y Tarazá.

Entre tanto, en Buenaventura y Tumaco se han incrementado, dramáticamente las desapariciones forzadas en los últimos cinco años.

"Los registros de desaparecidos en Buenaventura han superado a los de Cali. En el mismo departamento, Tuluá continúa siendo tan afectado como en los años más agudos de los 80 y 90", señala el Centro de Memoria Histórica.

En Colombia, hay 90.000 desaparecidos, de los cuales 26.000 son víctimas de desaparición forzada, y según el Centro de Memoria Histórica, esta cifra puede aumentar.

La desaparición forzada es un delito que, en el derecho internacional, sólo se imputa a agentes estatales, pero la legislación colombiana, específicamente el Código de Procedimiento Penal, extiende la responsabilidad de este crimen a actores armados ilegales.