El informe con el que la población LGBT toca las puertas de la JEP

"Por el hecho de ser dinámicos, ser como una mariposa, de color que vuela, solo por eso, en el conflicto a nosotros nos han visto como informantes. Creen que por ser gays, diversos, somos informantes", con estas palabras un habitante de Tumaco narró lo que vivió durante la época más reciente del conflicto en Colombia, que según la Unidad de Víctimas a mayo de 2017 registraba a 2.150 personas vulneradas en sus derechos. 

Se reserva su nombre porque teme por su vida, prefiere mantener su identidad en el anonimato y acudir a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) para que sea la que investigue su caso. Quiere que la JEP conozca la verdad y la de siete personas más de su región que fueron víctimas en el país. Desde la firma del acuerdo, Colombia Diversa se involucró en los temas de reparación a esta población y decidió involucrarse con los temas de justicia transicional, argumentando el crimen de persecución. 

El Estatuto de Roma considera que un crimen de lesa humanidad es aquel que se comete "como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque", y entre esos delitos se encuentra el de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos y de género. Es por eso, que este viernes, 29 de marzo, Colombia Diversa y Caribe Afirmativo llevarán ante la JEP dos informes con los que solicitan que examinen el crimen de persecución contra personas LGBT durante el conflicto armado colombiano.  

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Un proceso que comenzaría de cero en el mundo en casos de géneros. Los antecedentes que hay sobre persecución a un grupo vienen del Tribunal de Núremberg, donde se juzgó la violencia sistemática en contra de la población judía. 

¿Qué argumentan?

Mariana García Jimeno, abogada y una de las autoras del informe de Colombia Diversa, sostiene que en Tumaco dicha persecución tomó dos formas: “la primera fue la violencia sexual, seguida por tratos humillantes y degradantes que terminaron en desplazamiento forzado”. Ese es el común denominador de los ocho casos presentarán. Seis de ellos fueron episodios de violencia sexual, y los dos restantes, de tratos humillantes y degradantes. Al final las ocho víctimas tuvieron que desplazarse.

En Antioquia, las personas LGBT sufrieron violencia sexual, homicidios, feminicidios, amenazas, desplazamientos y trabajo forzado. Según ellas, la gran conclusión de los informes es que esa victimización fue una forma de persecución de las personas LGBT. 

“Los hechos victimizantes tenían una consecuencia más, no era solo la violencia sexual, sino que luego venían las negaciones de los derechos básicos, como el trabajo, la educación, incluso el de locomoción para moverse en donde vivían. Esa afectación en términos del estatuto de Roma es una persecución”, sostiene García Jimeno. 

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Por eso, esperan que la JEP los incluya en la situación priorizada que dieron el año pasado a Tumaco, Barbacoas, Ricaurte y el Urabá. Además, quieren que llame a los comparecientes para encontrar la verdad de estos crímenes cometidos presuntamente por tres actores: la extinta guerrilla de las Farc, las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública. 

Sin embargo, las víctimas temen por su seguridad y por eso creen que al presentar estos informes ante la JEP puedan encontrar justicia y verdad, luego de episodios como los que narra otra de las víctimas de Tumaco: “nos tienen como si fuéramos objetos sexuales porque creen que por ser trans nos poseen, nos golpean y nos hacen sexo. Nos tienen como un blanco hasta para pasar armas”. 

Estos informes, que contaron con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil en cada región afectada, la embajada de Países Bajos y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), no son los únicos. En los próximos meses presentarán los informes de Tolima, Putumayo, Montes de María y Córdoba, donde también consideran que hubo crimen de persecución con la población LGBTI.