Mauricio Albarracín, investigador de Justicia y activista de la comunidad LGBTI calificó como una pelea silenciosa que demuestra que vale la pena no desfallecer hasta alcanzar la justicia, el caso de Marta Álvarez a quien el Estado le pedirá perdón por no permitirle luego de una lucha de más de 20 años, tener visitas íntimas en su lugar de reclusión por el hecho de ser lesbiana.

"Es una historia poco conocida que empezó en los años 90, que era una pelea silenciosa y sostenida, que se convierte en un gran ejemplo para toda la comunidad y el país, que demuestra vale la pena luchar por la justicia, insistir y persistir hasta que por fin el Inpec y el Gobierno van a reconocer que la discriminaron y fue un error que no debe volver a ocurrir", dijo el abogado Albarracín.

De igual forma, señaló "este es un caso que demuestra que la justicia llega y en este caso el Gobierno va a tomar esa determinación de pedirle perdón en la misma cárcel donde ocurrió en el Buen Pastor en Bogotá".

Según Albarracín, las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad en las cárceles del país son muy críticas y eso también afecta a la población LGBTI que se encuentra bajo detención.

"En general las condiciones para las personas privadas de la libertad son muy criticas en las cárceles en Colombia, en particular para la población LGBTI han ocurrido algunos cambios. Sin embargo, la discriminación en las cárceles tiene que abolirse de manera definitiva, especialmente, a partir de las prácticas cotidianas y los reglamentos que tienen las instituciones", dijo Albarracín

De igual forma, hizo énfasis que el Gobierno Nacional también está llamado a adoptar otras medidas además de este perdón, como capacitaciones, entre otras.

La historia


Marta Álvarez luchó por más de 20 años para que se reivindicaran sus derechos fundamentales, ya que cuando estuvo privada de la libertad no le permitieron las visitas íntimas por ser lesbiana.

Marta Lucía estaba privada de la libertad en el Centro de Reclusión de Mujeres “La Badea”, en Risaralda, en 1994, cuando le solicitó a la Defensoría del Pueblo Regional Pereira que intercediera ante las autoridades.

La Fiscalía 33 de Santuario emitió la autorización correspondiente, sin embargo el director del establecimiento donde solicitó la reconsideración de la decisión.

Según el expediente, tras varias dilaciones, la Defensoría interpuso una acción de tutela en favor de Marta para obligar a la Dirección de Reclusión de Mujeres de Pereira a pronunciarse, tras lo cual nuevamente se negó la visita íntima. Pero hubo muchos más vejámenes, hoy recuerda El calabozo por un beso y pide que no se repita.

Entre los argumentos para no permitirla se destaca uno según el cual “se estaría aplicando una excepción a la norma general que prohíbe tales prácticas [homosexuales] con lo cual se afectaría el régimen de disciplina interno de los centros carcelarios”.

El 18 de mayo de 1996, Marta Lucía Álvarez acudió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haberle sido vulnerados los derechos consagrados en los artículos 5(1) y (2), 11(1) y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

En su demanda alegó que debido a su orientación sexual, le fueron afectados los derechos a su integridad personal, honra e igualdad, por la negativa de autorizar sus visitas íntimas.

Se alegó como respuesta en su momento que permitir visitas íntimas a homosexuales afectaría la disciplina en las cárceles debido a que, en su opinión, la cultura latinoamericana es poco tolerante de las prácticas homosexuales en general.

La CIDH se declaró competente para llevar a término el caso y aunque tiempo después Marta recuperó su libertad continuó su lucha.