La Corporación Financiera Colombiana, Corficolombiana, reportó que su filial Episol realizó un análisis de los dineros que se perderán por cuenta del acuerdo firmado con el Gobierno para la caducidad voluntaria del contrato de obras Ruta del Sol2 y estableció que la cifra será de 102 mil 275 millones de pesos. Según esta corporación, el resultado final se obtuvo luego de verificar los deterioros que se darán sobre las ganancias del año 2016, las cuales quedaron en 308 mil 455 millones de pesos, por la terminación anticipada del contrato que fue suscrito en el año 2010. “Corficolombiana S.A. informa que Episol S.A.S., filial de Corficolombiana posee el 33% del capital de la Concesionaria Ruta del Sol (CRDS). Como resultado del acuerdo firmado el pasado 22 de febrero entre la Agencia Nacio nal de Infraestructura (ANI) y CRDS mediante el cual se da por terminado de manera anticipada el contrato de Concesión N° 001 de 2010 correspondiente al Sector 2 de la Ruta del Sol. Corficolombiana S.A. y Episol S.A.S han procedido a realizar un análisis de deterioro sobre dicha inversión, concluyendo en la necesidad de reconocer un ajuste por deterioro por valor de $102,275 millones”, señaló la compañía. Episol era el propietario del 33% del capital del concesionario Ruta del Sol S.A.S, del cual también hace parte la firma brasileña Odebrecht, involucrada en el escándalo de pago de sobornos a funcionarios del Gobierno Nacional, a cambio de la adjudicación de contratos viales, entre los que está el tramo 2 de Ruta del Sol. El Ministerio de Transporte aseguró que una de sus prioridades tan pronto se autorice el acuerdo para el retorno de obras de Ruta del Sol 2 a manos del Gobierno, será reactivar y estabilizar la situación laboral de los trabajadores de este proyecto vial, indicando que son más de dos mil los que actualmente se ven afectados. El acuerdo alcanzado entre la concesionaria y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) fue revelado el pasado miércoles 22 de febrero y contempló, además de la finalización del contrato, la renuncia a las demandas que alcanzaban $700.000 millones.