El juez 16 de garantías de Bogotá, quien adelanta desde agosto pasado las dirigencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra siete empresarios investigados por el caso Reficar, definirá para el próximo 15 de enero de 2018 si envía a la cárcel o deja en libertad a las personas procesadas en éste caso. Esto de común acuerdo con las partes intervinientes y a la espera de culminar con el análisis de más de 1.500 documentos, y los casi dos meses de diligencias en audio que posee el juez para tomar una decisión, en desarrollo de la audiencia la Fiscalía les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento, señalando una presunta contratación irregular. Durante las diligencias judiciales, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario para Felipe Laverde Concha, ex vicepresidente Ejecutivo del Downstream; Reyes Reinoso Yáñez ex presidente de Reficar en 2013; y Massoud Deudehban, ex representante ejecutivo de CB&I. Así como también elevó petición de detención domiciliaria para Orlando José Cabrales, expresidente de Reficar en 2009, por su avanzada edad; restricciones para salir del país en contra de Pedro Alfonso Rosales Navarro, y Carlos Alberto Lloreda Silva; como exmiembros de la mesa directiva de Reficar y supuestos responsables de las irregularidades en los contratos, además pidió presentaciones periódicas en el Consulado de Colombia en Houston Estados Unidos, contra el ex directivo de CB&I Philip Kent Asherman. La diligencia se adelanta en simultánea con conexión en los Estados Unidos en razón a que los dos altos directivos de la compañía Estadounidense CB&I se encuentran en la ciudad de Houston, en relación con las investigaciones por el presunto detrimento patrimonial de la nación en más de 610 mil millones de pesos durante la contratación para las obras de modernización de la Refinería de Cartagena.