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Foto: CTI

Álvaro Márquez,  presidente  del sindicado del CTI de  la Fiscalía reveló que no hay garantías para trabajar en el departamento de Córdoba por problemas de orden  público.

Nosotros estamos asediados por  la delincuencia no se puede ir a municipios como  Canalete, Los Córdobas y Puerto Escondido, entonces eso hay que decírselo a la ciudadanía”, explicó el funcionario.

Para nosotros  está vedado Tierralta, San José de  Uré y Valencia. Estamos hablando  de que en un 80% de los municipios del departamento de Córdoba  no podemos hacer nuestro trabajo”, agregó.

Márquez indicó que de alto riego desplazarse a realizar la inspección judicial de un cadáver a poblaciones de la zona rural de Montería como  Guataque, San Anterito y Loma Verde   por presencia de grupos ilegales.

Recientemente tuvimos un problema con el señor que mataron en Tres Palmas  y lo pasaron para el corregimiento Las Palomas y la Policía se  abstuvo de acompañarnos,  el tema que es que hay que  ponerle freno a la delincuencia” expresó el líder sindical.

Desde el CTI  alertaron porque si no se toman acciones   en los próximos días los funcionarios que ejercen como Policía judicial, no podrán salir del perímetro urbano de  los municipios por falta de garantías de seguridad.   
 
Cuando se presentan asesinatos en la zona rural de  la mayoría de los municipios, los familiares  por sus propios medios son los encargados de transportar  el cadáver a un lugar seguro para el respectivo levantamiento.

El funcionario le sugirió al fiscal General, Néstor Humberto Martínez, que exponga el  problema de lo que ocurre en Córdoba,  a los altos mandos militares y de la Policía Nacional.  

Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI de la Fiscalía protestaron este jueves frente al Palacio de Justicia en Montería  solidarizándose por el crimen  de  sus compañeros en  Nariño.
 

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