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El jefe del Ministerio Público cuestionó el decreto con el cual se retomó la erradicación aérea con glifosato.

Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación
Emilio Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación
Colprensa

El Gobierno Nacional aseguró que la estrategia para combatir los cultivos ilícitos es integral, no solo contempla la erradicación voluntaria, sino también medidas más fuertes para combatir este flagelo.

El alto Consejero para la Estabilización y la Normalización, Emilio Archila, le respondió al procurador General, Fernando Carrillo, quien en las últimas horas cuestionó el decreto con el cual se retoma la aspersión con glifosato.

Según Archila, esta medida es necesaria para combatir los cultivos ilícitos, siempre y cuando se haga conforme a lo establecido por la Corte Constitucional.

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“Uno de los temas que vamos a tocar es la seguridad de los líderes de sustitución voluntaria de cultivos, la estrategia del presidente Duque es integral. Nosotros estamos fortaleciendo la sustitución voluntaria, no solo con el programa actual sino con nuevos programas como el de formalizar para sustituir, como el de pago por servicios ambientales”, indicó.

Y dijo además: “El país necesita no solo esta estrategia nuestra de sustitución voluntaria, sino en donde sea preciso se utilizará la erradicación forzosa y aspersión, cumpliendo los requisitos de la Corte”.

El procurador Carrillo había pedido una vigilancia especial para que la sentencia del alto tribunal se cumpla y “se respeten los protocolos que se fijaron” a la hora de implementar una medida de esta naturaleza.

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Es la responsabilidad para defender los intereses de la sociedad y el respeto de los protocolos de la Corte donde existe un conjunto de requisitos que deben ser cumplidos (...) el principio de precaución, insistiendo en que se surtan procesos de participación ciudadana (...) un altísimo porcentaje del país que tiene comunidades étnicas va a ser afectado”, había señalado Carrillo. 

Asimismo, el jefe del Ministerio Público había señalado la necesidad de que el Gobierno consulte con las comunidades indígenas y étnicas la implementación de este método de fumigación, para evitar que haya afectaciones en la salud de los habitantes de la zona.

 

Fuente

Sistema Integrado de Información

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