En medio de cuestionamientos, se va otro miembro del gabinete de Gustavo Petro

Por medio de una carta, Racero le agradeció al Alcalde Petro por la oportunidad de dirigir la entidad y le auguró éxitos en la administración. Aún no hay claridad sobre si el funcionario presentó renuncia o le fue solicitada por el Alcalde.

Y es que cerca de 51 personas que tendrán que dejar sus cargos en el IPE, antes del 17 de julio de este año, denunciaron que se violó el debido proceso en su desvinculación.

Viviana Carmona Moreno, hasta hace algunos días trabajadora de la subdirección jurídica de la entidad, aseguró que la Dirección de la entidad cambió el manual de funciones, sin notificación alguna, y que tampoco les fueron informadas las razones por las cuales no eran aptos para los cargos.

“La autorización de la prórroga fue solicitada de forma irregular, habiéndose variado el manual de funciones. Adicionalmente, fue solicitada de forma extemporánea y la idea es que se puedan cumplir ‘cuotas’ políticas y no mantener las personas que veníamos desarrollando los cargos”, dijo.

De hecho, aseguró que en el nuevo manual de funciones fueron variados de tal manera los códigos, el perfil y el nivel salarial, que prácticamente sus cargos desaparecieron en el nuevo manual, aunque siguieron devengando por sus servicios, en su caso, hasta finales de junio”.

Advierten que dicho manual solo lo conocen el señor director Jorge Racero Ceballos y la profesional especializada maría victoria reyes, y el documento no tuvo revisión de las subdirecciones de diseño y análisis estratégico y jurídica y de contratación y por ende no se le dio la debida comunicación, tal como lo exige la ley.

El grupo de empleados provisionales se posesionó entre día 26 de diciembre de 2011 y el 16 de enero del presente año, luego de un concurso de méritos y se esperaba que para la fecha del vencimiento es decir entre el 26 de junio, y 16 julio, la comisión del servicio civil prorrogaría los cargos.

Según los denunciantes, de acuerdo a la ley sus contratos debieron prorrogarse hasta tanto la comisión cite a concurso y se determinen las personas que ocuparán dichos cargos por meritocracia.

Dicha prórroga tendría que solicitarse con un mes de antelación pero solo se hizo el día 6 de junio.

Nubia Chiquito, otra de las afectadas por la decisión aseguró que “Quedamos sin trabajo madres y padres cabeza de familia, personas prepensionadas, mujeres en estado de embarazo, mujeres víctimas del conflicto armado”.

Aseguró que son víctimas de un proceso de estigmatización por parte de las directivas de la entidad, debido a que alcanzaron a trabajar con la administración de Samuel Moreno.