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El entramado de la contratación de la alimentación escolar en La Guajira

Alimentación escolar en Riohacha / Foto RCN Radio


En su más reciente investigación, la Contraloría dejó en evidencia los contratistas que estarían detrás de las presuntas irregularidades en el manejo del plan de alimentación escolar en La Guajira, y que deja un posible detrimento al patrimonio, por 16.792 millones de pesos.


Se trata de algunas fundaciones sin ánimo de lucro, entre ellas la Fundación kabala, cuyo representante legal es Angélica Araujo Noguera. También la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, Asoalimentarse, que tiene como representante legal a Ivis del Carmen Rosado Robles.


Estas dos fundaciones se asociaron y conformaron el Consorcio Alimentos Juntos, para ejecutar el contrato No. 503 del 2014 para el manejo de este plan y seguir con el manejo del plan en esta sección del país.


En ese punto, la Contraloría evidenció que los contratistas siguen siendo los mismos y entre ellos conforman consorcios o uniones temporales.


Así mismo, el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira ejecutó el contrato No. 194 del 2015.


Estos contratos fueron auditados por la Contraloría, que encontró algunas inconsistencias como un mayor precio en el valor de las raciones que se les brinda a los estudiantes de los colegios de La Guajira.


El organismo descubrió que en el 2013, se ejecutó el Contrato No. 199, con el Consorcio Primero la Nutrición, conformado por la Corporación Cozazón País, en la que fungió como representante legal María Jaqueline Pacheque Izquierdo, la Corporación Wakusari, cuya representante es Gloria Díaz Plata y la Asociación de Manipuladores de Alimentos de Cesar.


Por su parte, en el municipio de Uribia, en lo que respecta a la entrega de paquetes nutricionales, se celebraron los contratos No. 020 de 2013 y 019 de 2014, ambos con la Fundación Juventud Libre, y en el 2016 la celebración de estos contratos se realizó con Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayuu, en municipios como Maicao y Manaure.


Estos contratos fueron auscultados por la Contraloría que evidenció algunas irregularidades como que "se entregan raciones que no cumplen con el gramaje ni con la minuta establecida por el Ministerio de Educación" o que "no se hicieron los controles necesarios para supervisar productos de origen venezolano, que no contaban con el registro del Invima, ni con el respectivo registro sanitario y certificado de importación".


E igualmente que la distribución de los alimentos perecederos "se hace hasta en un lapso de dos semanas, afectando así la calidad del producto y poniendo en riesgo la salud de los beneficiarios".


Ranking de contratación


La Contraloría reveló que son tres los consorcios que se han llevado contratos por más de 84 mil millones de pesos, entre ellos, el Consorcio Primero la Nutrición, con 27.045 millones de pesos.


También está el consorcio Alimentemos Juntos, con contratos por $16.470 millones, y el Consorcio Nutriendo Escolares de La Guajira, con $41.064 millones en contratos del plan de Alimentación Escolar.


Según la investigación de la Contraloría, el 50% de la contratación en esta sección del país, para este caso en particular es directa, el 37.5% por selección abreviada y el 12% de menor cuantía.


Algunos hallazgos


El informe de la Contraloría habla de un primer hallazgo fiscal por $11.419 millones, corresponde al Contrato No. 194 de 2015, para la operación de la alimentación escolar, suscrito por el entonces Gobernador de La Guajira, José María Ballesteros, con la representante del Consorcio Nutriendo Escolares de La Guiajira, María Angélica Araújo Noguera, por $37.910 millones, en el que se pagó un mayor valor por ración.


Así mismo, la Contraloría descubrió un hallazgo fiscal, por $4.920 millones, en el Contrato No. 503 de 2014, suscrito por el entonces Mandatario seccional, con el Consorcio Alimentemos Juntos, cuya representante legal es Ivis del Carmen Rosado Robles, por $16.470 millones, para la ejecución de este programa, en el cual se determinó un mayor valor pagado por ración.


Este informe le fue enviado a la Fiscalía y a la Procuraduría, para que estos organismos tomen cartas en el asunto sobre este caso de presunta corrupción con la alimentación escolar en La Guajira.