Entutelan resolución del Gobierno que dio inicio a los diálogos de paz
21 Jul 2016 - 05:13 pm
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El tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una tutela instaurada por el ciudadano Tomás Javier Oñate Acosta que advierte que se violó el debido proceso con el acto administrativo que emitió el Gobierno Nacional con la cual autorizó la instalación y desarrollo de una mesa de diálogo de paz con las Farc.
Esta acción de tutela fue instaurada en contra del presidente Juan Manuel Santos, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, y la presidenta de la Corte Constitucional, María Victoria Calle.
El demandante en la tutela pretende que "se suspendan los efectos jurídicos de todos los actos administrativos que hayan nacido a la vida jurídica sobre el proceso de paz hasta tanto se resuelva de fondo la demanda ordinaria (de nulidad que cursa en el Consejo de Estado) dicha".
El tribunal ordenó que el presidente Santos, el procurador Ordóñez y la magistrada Calle entreguen a esa corporación un informe en relación "con los hechos narrados por el actor en su demanda, especialmente sobre la presunta vulneración de sus derechos fundamentales como consecuencia del trámite realizado dentro del proceso de paz que en la actualidad el Gobierno Nacional adelanta con las Farc".
Igualmente, solicitó al presidente de la República "los antecedentes administrativos de los actos administrativos, así como copias de los mismos, que se hayan emitido con ocasión al proceso de paz adelantado con las Farc, hasta el estado actual de la actuación".
El tribunal también le pidió al presidente una "copia de los acuerdos alcanzados con las Farc en el proceso de paz que está surtiéndose actualmente, incluyendo el acto que instauró la mesa de diálogos con dicha organización".
La tutela pasó a ser de conocimiento por reparto del magistrado del Tribunal de Cundinamarca, Cerveleón Padilla Linares.
Oñate Acosta había instaurado esta tutela ante el Consejo de Estado, sin embargo esa cooperación determinó que esta acción debe ser conocida por el Tribunal de Administrativo de Cundinamarca.