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El procurador Fernando Carrillo remitió una carta con estas consideraciones a los congresistas de la Comisión de Conciliación.

Declaraciones del procurador Fernando Carrillo.
Archivo.

El procurador Fernando Carrillo Flórez, calificó como “altamente inconveniente y contrario a los fines de transparencia”, el proyecto que busca que el Congreso imponga a la agencia ‘Colombia Compra Eficiente’ la obligación de concertar con entidades del orden nacional y local, los cambios y las mejoras en los pliegos tipo, con los que se busca poner fin a las licitaciones a dedo.

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Estas consideraciones del procurador Carrillo fueron elevadas, a través de una carta, a los congresistas de la Comisión de Conciliación, en la que explica lo que a su juicio sería “el riesgo” de aprobar el texto del inciso segundo de dicho proyecto.

Este texto plantea que "para el efecto, Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, elaborará los documentos tipo y los revisará para su mejora constante, en coordinación con las cabezas de los sectores correspondientes en el nivel nacional, y en el nivel territorial con los departamentos, distritos y municipios, así como los cuerpos consultivos del Gobierno y universidades, a través de mesas técnicas".

Según el procurador la ausencia de reglas uniformes en la estructuración de los pliegos ha sido uno de los instrumentos que han aprovechado los corruptos para apropiarse de los recursos que se gestionan en la contratación estatal.

"Uno de los factores que contribuye a la corrupción es la indebida aplicación y entendimiento del principio de la autonomía de la voluntad por aproximadamente mil quinientos ordenadores del gasto distribuidos en entidades del orden nacional y territorial. De ahí la necesidad de unificar los pliegos tipo por una autoridad técnica”, señaló Carrillo.

De acuerdo con el procurador una desproporcionada discrecionalidad de los ordenadores del gasto además de constituir un factor de corrupción, genera ineficiencia en el uso de lo recursos públicos.

Asimismo, sostuvo que dicha situación se vería acrecentada al establecer competencias duales entre autoridades, que de paso frenaría la ejecución de programas sociales o la realización de inversiones en infraestructura, obras y servicios públicos, entre otras.

De igual forma, manifestó que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aumentar la centralización en las contrataciones públicas permite alcanzar ahorros entre el 15 y el 20% en la compra de bienes y servicios, en acatamiento de “marcos institucionales, legales y reglamentarios que sean razonables y sólidos”.

La Procuraduría General en concepto dirigido a la Corte Constitucional respaldó la legalidad de que la elaboración de los pliegos tipo recaiga de manera exclusiva en ‘Colombia Compra Eficiente’.

"Sin que se pueda interpretar que una regulación general en cuanto el tipo de contratos y las condiciones para contratar, sus efectos y régimen jurídico, inhabilidades y responsabilidad de los servidores, así como el régimen de cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilateral, constituye una violación a la autonomía de las entidades territoriales", señala el concepto de la Procuraduría.

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En torno a todo este proceso el procurador enfatizó que “tener una autoridad para regular, hacer eficientes y trasparentes los procesos de contratación es armónico con la finalidad de la Ley 80 de 1993, la cual racionalizó, centralizó y derogó los códigos fiscales de los departamentos, distritos y municipios, que permitieron prácticas de corrupción”.

Fuente

Sistema Integrado de Información

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