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El contrato, promovido por Néstor Humberto Martínez, habría producido un alivio tributario de por lo menos $100.000 millones.

Odebrecht
AFP

El director de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica, Camilo Gómez, explicó en diálogo con RCN Radio cuáles son las pretensiones del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte y la Dian en la demanda de nulidad que sería interpuesta al contrato de estabilidad jurídica firmado por el consorcio Ruta del Sol II, encabezada por Odebrecht y Sarmiento Angulo, y el Ministerio de Comercio.

Según reveló la Revista Semana, el contrato fue promovido por Néstor Humberto Martínez y se calcula que habría producido un alivio tributario de por lo menos $100.000 millones, durante los cinco años que tuvo vigencia, antes de que se desatara el escándalo de corrupción.  

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"A juicio de la ley, cuando un contrato se hace y tiene causa ilícita, como es este caso por efecto de haber sido desarrollado con el pago de sobornos tal como quedó judicialmente comprobado, el Estado tiene la obligación de buscar recuperar los recursos que se hubiesen obtenido; por eso vamos a buscar que sea anulado por el tribunal correspondiente", señaló Gómez.  

Los contratos de estabilidad jurídica se realizaron con el Ministerio de Comercio y con el Ministerio de Transporte, que son los dos interesados -principalmente- en la recuperación de estos recursos.

Audio

[AUDIO] Camilo Gómez, director de la Agencia para la Defensa Jurídica, sobre demanda contra Odebrecht.

0:27 5:25

"Allí se le otorgaba al contrato Ruta del Sol II un período bastante largo de beneficios tributarios, por lo que la Dian está terminando los cálculos precisos de cuántos impuestos se hubieran tenido que pagar", explicó.  

La cifra, que aún no ha sido revelada, tendría que ser reembolsada al Estado en caso de que la demanda de nulidad prospere. Sin embargo, la acción no ha sido interpuesta y se espera que esté lista al final de esta semana.  

"Para la firma del contrato se demostró judicialmente que se pagaron sobornos. Es decir, desde el inicio del contrato quedó con el vicio de la causa ilícita y, por lo tanto, los efectos de nulidad son como si el contrato no se hubiese realizado", indicó.  

En días anteriores, la firma Odebrecht anunció que está en bancarrota. Sin embargo, según explicó Gómez, en caso de que la demanda sea atendida a favor del Estado, "los Socios del consorcio tendrían que pagar los dineros correspondientes a través de la figura 'solidaridad tributaria', la cual implica que todos los socios del consorcio tendrían que responder por este pago duramente la quiebra de una empresa. Esto no va a evitar que el estado colombiano no intente recuperar los recursos que debieron haber ingresado en su momento".  

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Actualmente existen por lo menos cuatro diligencias jurídicas en contra de la firma del contrato Ruta del Sol II. Una de ellas es una acción popular iniciada por la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, en la que ya se condenó al consorcio por cerca de 800 millones de pesos y pasó a segunda instancia ante el Consejo de Estado. 

Otra medida fue adoptada por la Superintendencia de Transporte, que pidió a la Superintendencia de Sociedades intervenir la sociedad Ruta del Rol II y ordenó su liquidación.  

"Lo otro que estamos desarrollando es una acción de reparación directa contra particulares, interpuesta por la ANI desde hace un par de meses, para que el Estado colombiano sea reparado por los perjuicios sufridos con ocasión del escándalo de corrupción ya que ha tenido que hacer unos esfuerzos adicionales, a los cuales no está obligado", reveló Gómez.

Fuente

RCN Radio

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