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Estado descargó en privados la protección de personas amenazadas: Contraloría

Foto referencial tomada de la página web unp.gov.co / UNP



Según una investigación realizada por la Contraloría General de la República, empresas privadas están manejando ahora la labor de prestar seguridad a personas que hacen parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Esto quiere decir, señala la Contraloría, que "la protección de las personas que tiene un riesgo extraordinario o extremo, se realiza a través de terceros, dado que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con el personal suficiente para este labor, teniendo que contratar a operadores privados".

El organismo señaló que el personal de la dependencia de la entidad encargada de prestar los esquemas de seguridad, la Subdirección de Protección, se compone de 475 funcionarios y 3.314 contratistas, dentro de los cuales se registran 3.306 escoltas del operador privado y 8 conductores, para un total de $3.789 personas encargadas de labores de protección.

Para la Contraloría, "se observa que la función pública de Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, grupos y comunidades especiales, establecida en el Decreto 4912 de 2011, como responsabilidad de la UNP, se encuentra a cargo de terceros, por cuanto 87% es asumida por el operador privado".

Más hallazgos

La investigación también dio cuenta de que entre 2012 y 2015, se recibieron 52.954 solicitudes de protección, de las cuales 30% fueron rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos, mientras que de las aceptadas, 79% fueron objeto de protección.

Así mismo, en 2015, los esquemas prestados se concentraba principalmente en servidores públicos (22%) y dirigentes miembros y sobrevivivientes de la UP y el Partido Comunista (21%).

Entre tanto, las medidas de protección se incrementaron en 3.254, entre 2012 y 2014, mientras que el año pasado disminuyeron en 3.688 esquemas.

También se realizaron 502 desinstalaciones (78% del total), "lo que contribuyó a una reducción de 38% en los esquemas prestados respecto del año anterior", develó la Contraloría.

El organismo reveló que con respecto a 2013 y 2014, en 2015 se observaron incrementos en los costos de los elementos que componen los esquemas de protección, a excepción de los medios de comunicación, que disminuyeron en 35%.

"El mayor aumento se registró en vehículos convencionales (28%), seguido de hombres de protección y conductores (8%) y vehículos blindados (5%)", señaló el reporte de la Contraloría.

Tan sólo el año pasado, el costo de proteger a cada uno de las personas que reciben este beneficio, fue en promedio de $72 millones al año.