El Estado y la fuerza pública, nuevos “depredadores” de la prensa en Colombia: Flip

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) advierte que en lo corrido de 2017 –en época de posconflicto- los principales actores de hostigamientos y censura contra la prensa en Colombia dejaron de ser los grupos armados ilegales y pasaron a ser el Estado y la fuerza pública. (Lea aquí: Casos en Colombia y el mundo que han amenazado la libertad de prensa)

La Flip deja en evidencia, en el más reciente informe sobre la situación de la prensa y los medios en Colombia, que instituciones del Estado y la fuerza pública representan en la actualidad el mayor riesgo para los periodistas.

“Atrás quedaron los años en que el principal riesgo para la prensa eran las guerrillas, los narcotraficantes o los grupos paramilitares. Hoy, quién está al acecho del periodismo libre son los políticos, el presidente, el congresista, el juez, el alcalde, la personera, los diputados, el concejal y en general: los funcionarios públicos que ignoran sus responsabilidades con tal de silenciar a sus críticos” indicó la Flip en el documento conocido por RCN Radio.

La Fundación también ubica a la justicia entre los "depredadores" de la prensa, en el último año en Colombia. (Lea también: AMI pide a la Corte Suprema proteger reserva de la información periodística)

Señala, por ejemplo, que los estrados judiciales también entraron en una dinámica que pone en riesgo la actividad periodística y su libertad ante hechos como emitir órdenes en las que se ha llegado hasta a exigir que los comunicadores revelen sus fuentes.

Según la Flip, durante 2017 se presentaron 310 ataques a la libertad de prensa, a 368 periodistas, teniendo un aumento del 43,5% comparado con el 2016.

Incluso, el organismo habla de la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien se encontraba cubriendo una protesta y falleció, presuntamente, por la acción de la policía antidisturbios (Esmad).

El informe hace también un especial énfasis en la responsabilidad de la fuerza pública en actividades que representan un peligro para la libertad de la prensa en diferentes escenarios, sobre todo en zonas rurales.

“Al menos en 15 protestas sociales enfocaron sus bolillos, sus bombas aturdidoras y sus armas de salva hacia los periodistas que estaban registrando los enfrentamientos. En el 2017, la Flip remitió 23 quejas a la Policía Nacional", reseña el documento.

Agrega que "según la institución, hay 9 investigaciones vigentes, 5 casos cerrados y archivados y 3 en investigación preliminar. En 6 casos, la Policía envió comunicaciones en la que se justiciaban las acciones sin iniciar ningún tipo de investigación disciplinaria”.

Santos, el principal “predador”

En su informe, la Flip hace una referencia al papel del presidente Juan Manuel Santos, a quien considera el “presidente periodista que censuró a la prensa”. (Lea también: Corte Constitucional pone tatequieto a la emisión de noticias falsas o fake news)

Asegura la Flip que pese a que el primer mandatario al posesionarse había tenido intervenciones “esperanzadoras” frente al oficio de los comunicadores, nada de lo que anunció en su momento se cumplió o se hizo un “trabajo a medias”.

Señala que una de las reformas que Santos propuso en su gobierno fue la reparación a los periodistas victimas; sin embargo, la Flip consideró que el programa y esa reparación prometida fue fallida.

“La arriesgada apuesta no correspondió con el compromiso y esfuerzo del Gobierno. El Programa tuvo muchos problemas, pero al menos tres fueron determinantes en su fracaso: la Falta de legitimidad, la improvisación y la falta de articulación institucional”, precisa el informe.

La Flip indicó que documentó a lo largo del año pasado 348 casos en que funcionarios del Estado -incluyendo congresistas, jueces, alcaldes y concejales- fueron los victimarios de la prensa con “bochornosas estigmatizaciones”, sentencias “irregulares y desproporcionadas” y hasta humillaciones y amenazas.

Además, que no se encontró en el Presidente un respaldo, ni desde el gobierno se generó algún tipo de acciones para mitigar dicho fenómeno.

“Este ambiente de irrespeto por el trabajo de los periodistas por parte de las ramas del poder no encontró en la Presidencia acciones para atajar esta creciente animadversión que existe hacia la prensa. Por el contrario, Santos también fue irrespetuoso. Utilizó su disfraz de presidente periodista para sortear momentos en los que la prensa le criticó, situándose como un aleccionador de los periodistas a partir de su pasado en los medios”, enfatiza la Flip.

Aseguro además que lo que en un principio el presidente Santos intentó mostrar cómo la oportunidad de hacer un periodismo libre, por ser él un periodista que conocía la labor, terminó siendo una especie de censura a control remoto.

“La zanahoria que ofreció al inicio terminó convertida en una forma de censura a control remoto, pues terminó castigando la crítica y presionando a los anunciantes de los medios para que contribuyeran a generar ‘noticias positivas’”, advierte.

La fuerza pública y la prensa

La Flip en este informe denominado “Estado Depredador”, también evidenció las graves privaciones a la libertad de prensa que se presentaron durante 2017 y lo ataques a periodistas en distintas zonas del país.

Al respecto, indicó que el hecho más grave tuvo que ver con la presunta responsabilidad del Esmad (como se le llama a la Policía dispuesta a controlar disturbios) en la muerte de la comunicadora indígena Efigenia Vásquez, quien estaba vinculada a la emisora Renacer Kokonuko y del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

Precisó que las fuerzas armadas no solo generaron ataques físicos a comunicadores sino que además se evidenció el decomiso de material informativo de los periodistas.

“Durante el 2017 la Flip registró actos ilegítimos de decomiso y eliminación del material periodístico, detenciones ilegales y ataques contra la infraestructura de los medios de comunicación”, reseña.

Destaca el informe un episodio en el que dos reporteros del medio NC Noticias denunciaron que miembros de la fuerza pública decomisaron su material de trabajo y lo destruyeron, hecho que la organización consideró como violatoria de los derechos constitucionales de reserva de la fuente y protección del material periodístico.

Según el organismo, durante 2017 se registraron 27 casos de agresiones contra reporteros por parte del Ejército y la Policía, de los cuales 15 se presentaron en medio de protestas sociales.

Amenazas por género

La Fundación para la Libertad de Prensa también dedicó un apartado especial para evidenciar que, durante el 2017, las mujeres periodistas fueron las más amenazadas por cumplir con su labor.

Consideran que las cifras que lograron consolidar tal vez no reflejan del todo la realidad de la situación, pues muchas mujeres optan por no denunciar, lo que hace difícil tener unas cifras que puedan ser exactas.

“Las cifras pueden no reflejar la realidad del problema, debido a que aún persiste un miedo generalizado por parte de las mujeres para denunciar estos casos”, observa la Flip.

Hace referencia al sonado caso de la periodista Claudia Morales, quien denunció que fue víctima de una violación por parte de uno de sus jefes, sin revelar de quien se trataba por el riesgo que ello generaba para su vida y su entorno familiar, social y laboral.

En el documento se lee: “Su historia viene a reforzar una hipótesis sobre la cual ha partido el análisis de la Flip alrededor de la violencia contra las mujeres periodistas por razones de género: no es fácil denunciar. Los factores de poder de los victimarios aseguran márgenes altos de impunidad, las víctimas cargan con el peso de reconstruir sus vidas y la judicialización no es un entorno reparador. Todo lo contrario, una vez estos casos se conocen, la revictimización es una bola de nieve que no se detiene”.

Por este y otras casos, la Flip advirtió sobre la necesidad de que el país pueda llegar a construir espacios donde las mujeres puedan realizar sus actividades de reportería libres de acoso y donde no sean asignadas a determinada fuente por el hecho de ser mujeres, por facilitarse supuestamente la obtención de información.

“A las reporteras hay que rodearlas de mecanismos que protejan su trabajo, las empodere y las lleve a ejercer su profesión con garantías”, destaca.

Grupos armados y redes sociales

De otro lado, el informe advierte que pese a que las guerrillas y grupos ilegales no son hoy el principal foco de amenaza para los periodistas, el ELN continúa con su práctica del secuestro y amenazas contra los periodistas.

“En medio del proceso de negociación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Gobierno de Colombia, esta guerrilla continuó realizando ataques contra periodistas y medios de comunicación. Durante 2017 la FLIP registró nueve agresiones de este grupo: seis amenazas, una estigmatización, un robo de material periodístico y un secuestro”, indica.

La Flip explica de otra parte que las amenazas contra la prensa han tenido transformaciones, principalmente por el uso de las redes sociales, en las cuales los comunicadores también vienen siendo estigmatizados y amenazados.

Según la organización, cada día crecen las denuncias contra periodistas por injuria o calumnia así como las demandas multimillonarias contra los medios por supuestos daños al buen nombre.

“Los intentos de obligar a periodistas para que revelen sus fuentes son otra forma en la que personas poderosas utilizan el sistema judicial en perjuicio de la libertad de expresión. El 2017 también se caracterizó por el alto número de periodistas que fueron estigmatizados a través de redes sociales, principalmente Twitter y Facebook”.

El informe revela que Bogotá -con el 24,5%- es la región donde se presentan más ataques a la prensa representados en 76 casos; la siguen Antioquia y Valle del Cauca -con el 8,8% con 27 casos cada una-.

Continúan Cauca -con 21 casos- y Tolima -con 13-. “Amazonas, Vichada y Vaupés no registran una cantidad notable de amenazas debido a que son departamentos donde no existen su suficientes medios de comunicación y la mayoría de los periodistas no logran ejercer su labor”, concluye el documento.