El representante civil de la Gobernación de Córdoba aseguró que de acuerdo a la ley el exgobernador Alejandro Lyons Muskus tendría que reintegrar más de 47 mil millones de pesos para renegociar un principio de oportunidad por la Fiscalía General en el marco de la investigación que se le adelanta por el saqueo a los recursos de las regalías del departamento.

El abogado Guillermo González, aseguró que para lograr el aval del beneficio jurídico el exmandatario departamental debe reintegrar al menos la mitad del dinero apropiado o producto del desfalcado. En este caso las irregularidades en la contratación en Córdoba durante la administración de Lyons fue superior a los 95 mil millones.

“Se calcula en unos 95 mil millones de pesos, entonces si estamos hablando de un 50%, la mitad de 95 mal contados, son como 47 mil millones de pesos”, precisó el jurista al explicar que la Corte Constitucional ha sido clara y reiterativa cuando se hace referencia a las negociaciones de los principios de oportunidad.

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“Aquí al señor Alejandro Lyons le dieron muchos beneficios, que devolviera 4 mil millones de pesos que no se compadece con las cifras reales e inclusive con un periodo de gracia de dos años y medio, cuando la ley no concede plazos”, agregó el abogado.

Estos argumentos fueron expuestos en la acción de tutela que radicó ante la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal del alto tribunal los aprobó y tumbó el principio de oportunidad firmado entre Lyons Mukus y la Fiscalía General de la Nación.

Para el jurista, la decisión es clave en este proceso puesto que se reconocen las fallas que se presentaron durante la negociación y el hecho que los representantes del departamento de Córdoba no fueron consultados para la firma de este beneficio jurídico

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Debido a esto, la Corte le ordenó al Tribunal Superior de Bogotá repetir la audiencia en la que se avaló el principio de oportunidad teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente, se deberá citar a un representante del departamento para que intervenga en la diligencia judicial.

La Sala Penal le dio un plazo de cinco días a la Fiscalía General para que revise y corrija los errores cometidos en la negociación y presente nuevamente este documento. El principio de oportunidad inicial contemplaba una pena de cinco años de prisión para el exgobernador y el pago de 4 mil millones de pesos como reparación del desfalco al departamento.

Esto a cambio de cesar la persecución penal en su contra por 12 meses.

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