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La Juez 26 de control de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del exviceministro Gabriel García y será trasladado por el Inpec a la cárcel La Picota. Durante esta audiencia, que duró cerca de 11 horas ante una juez con función de control de garantías, el exviceministro de Transporte Gabriel Ignacio García aceptó cargos por los delitos que le imputó la Fiscalía en relación al escándalo por los sobornos de Odebrecht. Los delitos por los que deberá responder el exfuncionario son cohecho, interés indebido en celebración de contratos y enriquecimiento ilícito dentro del proceso por el pago de sobornos de la constructora brasilera Odebrecht para quedarse con el proyecto de la Ruta del Sol II. Según lo establecido en la investigación, García habría recibido 6.5 millones de dólares para dicha adjudicación. Estos pagos fueron realizados por Odebrecht en Brasil a través del Departamento de Operaciones Estructurales de esa empresa, de acuerdo a las pruebas que tiene en su poder la Fiscalía. Respaldo El presidente de la Asociación Bancaria, Santiago Castro, afirmó que el gremio está dispuesto a entregar la información que sea necesaria a las autoridades para esclarecer aún más el escándalo del pago de millonarios sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht, en el país. “Estamos dispuestos a entregar toda la información que sea del caso a la Fiscalía y a la Unidad de Información Análisis Financiero UIAF, porque siempre hemos dicho que no podemos tolerar hechos de corrupción en Colombia”, afirmó Castro. El directivo aclaró, no obstante, que uno de los grandes interrogantes es que no se conoce si los millonarios sobornos fueron pagados en Colombia o en el exterior. “Nosotros tenemos varios acuerdos con la UIAF y el sistema financiero ha sido destacado en el mundo por ser uno de los que más ha hecho esfuerzos para fortalecer el sistema de administración de riesgos con el fin de combatir el lavado de activos e incluso la financiación del terrorismo”, expresó. Castro dijo además que “de haber ocurrido un pago con cantidades inmensas, las entidades financieras están obligadas a hacer un reporte sobre el registro de operaciones sospechosas a la UIAF”. Según la Fiscalía, este era el mecanismo a través del cual la firma realizaba los pagos derivados de corrupción.