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Valencia Cossio pide investigar a magistrados que solicitaron proceso en su contra

Fabio Valencia Cossio / Foto: AFP



El exministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, le pidió a la Procuraduría, que le de traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a los magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por la presunta manipulación de un documento que pretende involucrarlo con una investigación por paramilitarismo.

A través de un comunicado, Fabio Valencia Cossio explica que el pasado 29 de febrero, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Fiscalía General que adelante investigaciones para establecer si es cierto lo que se registra en un documento que presuntamente le envió el jefe paramilitar Ramón Isaza el 18 de septiembre de 1995.

Ante esta situación, el exministro del Interior pidió "al procurador General de la Nación dar traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a los Magistrados de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por su decisión".

En otro aparte del comunicado, el dirigente menciona que hubo una manipulación en un documento porque "el Tribunal al proferir el fallo evidencia la manipulación de la fecha cierta de dicho documento, al modificarla del 18 de septiembre de 1995 a octubre de 1994, carta que Ramón Isaza en dos diligencias judiciales concretas señaló que fue inducido a firmar con propósitos políticos en mi contra".

También pide al procurador que designe a un agente especial, para la vigilancia y garantía de sus derechos, ya que se está iniciando una vez más una investigación en su contra, por un hecho que ya ha sido desvirtuado en diferentes instancias judiciales.

Este es el comunicado emitido por el exministro Fabio Valencia Cossio:

Debido a que el pasado 29 de febrero de 2016 la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, decidió exhortar a la Fiscalía General de la Nación para que efectué labores de investigación con la finalidad de establecer si verdaderamente ocurrió lo mencionado en un documento presuntamente enviado por el jefe paramilitar Ramón Isaza el 18 de septiembre de 1995 a mi persona, y si a nivel del partido conservador se buscaba el aval de Isaza para incursionar políticamente en las zonas de injerencia de las autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, me permito expresar lo siguiente:

1. El Tribunal al proferir el fallo evidencia la manipulación de la fecha cierta de dicho documento, al modificarla del 18 de septiembre de 1995 a octubre de 1994, carta que Ramón Isaza en dos diligencias judiciales concretas señaló que fue inducido a firmar con propósitos políticos en mi contra. Logrando con la manipulación hacer coincidir la carta de Izasa con unos hechos acaecidos en 1994, cuya responsabilidad ya había sido aceptada por las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio por los delitos de desaparición forzada y otros, ante el mismo tribunal, respecto de Juan Diego Ruiz Valencia en el municipio de Sonsón Antioquia, motivando una investigación penal en mi contra, por razones de contexto, siendo maniobras que deben ser investigadas disciplinariamente y de encontrarse fundamento y razón, penalmente.

2. Por lo anterior, el día de hoy, le solicité al Procurador General de la Nación dar traslado al Consejo Superior de la Judicatura para que se investigue a los Magistrados de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, por su decisión.

3. Así mismo, solicité al señor Procurador General de la Nación designe a un Agente Especial de la Procuraduría para la vigilancia y garantía de mis derechos, los cuales están siendo vulnerados al iniciar una vez más investigación sobre un hecho que ya ha sido desvirtuado por diferentes instancias judiciales, entre ellas el Despacho del mismo Fiscal General de la Nación en Resolución del 29 de abril de 2009 Investigación Previa No: 12105-10, donde se resolvió “considerar que los hechos denunciados no existieron, decidiendo inhibirse de abrir instrucción penal por haberse superado la duda que aconsejo la apertura de la investigación previa”. Hecho que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá tampoco tuvo en cuenta.