Famliares de los diputados asesinados por las Farc y otros representantes de víctimas del conflicto con el secretario general de la ONU. Cortesía.



A través de una carta que fue entregada al Secretario General de la Naciones Unidas, António Guterres, quien visitó Colombia durante este fin de semana, los familiares de los diputados asesinados del Valle del Cauca a manos de las Farc pidieron al organismo internacional que inste al Gobierno para que la JEP cumpla su propósito apegado a las normas internacionales de justicia .

En el documento de tres páginas firmado por Ángela María Giraldo, hermana de Francisco Javier Giraldo, exdiputado Valle del Cauca, los familiares de los exdirigentes políticos del Valle del Cuca explicaron a Guterres sus reparos frente al proceso de creación de la Justicia Especial de Paz, que según ellos ha creado un manto de impunidad para los máximos responsables de delitos graves.

“No obstante, nos preocupa la forma como está llevando a cabo la implementación, sobre todo en lo relacionado con el manto de impunidad que se está generando para los máximos responsables de crímenes internacionales más graves”.

Y agregaron: “El 31 de octubre el Consejo Nacional Electoral otorgó la personería jurídica al partido político de las Farc sin haber hecho entrega de la totalidad de las armas, aún faltan caletas de las que no se tiene la ubicación precisa, nos perturba el hecho de pensar que estaríamos repitiendo los errores del pasado: participación en política con armas. Como tampoco se cumplió con la entrega de la totalidad de los menores de edad reclutados”.

Así mismo, indicaron que la Corte Constitucional autorizó la suspensión de condenas de miembros de las Farc, sin aclarar que la suspensión de condenas no debe aplicar a los máximo responsables de delitos atroces.

“Sin aclarar que la suspensión de condenas no es aplicable a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. De hecho, la Justicia Ordinaria ha otorgado libertad a casi todos los miembros de las Farc responsables de dichos crímenes, sólo con manifestar la intensión de someterse a la JEP, pero sin haber pasado por ella”.

En consecuencia pidieron al Consejo de Seguridad de la ONU instar al Gobierno nacional para que “actúe con sujeción a su obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, que regule los mecanismos de justicia transicional, especialmente la Jurisdicción Especial de Paz, con estricto apego al Acuerdo final y a los estándares internacionales en materia de derechos de las víctimas”.

Ademas, pidieron al relator Especial de Naciones Unidas para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición que “Verifique la sujeción de los escenarios de justicia transicional a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de las víctimas y prevención, sanción e investigación de violaciones a los derechos humanos".