Fiscalía inspeccionó a la Procuraduría por destitución de Petro

El fiscal Eduardo Montealegre anunció "una inspección judicial a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos" contra Petro.

El mandatario distrital fue destituido e inhabilitado para ejercer funciones públicas por la Procuraduría, órgano de control para los servidores públicos, que determinó que el Alcalde de Bogotá actuó con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura en la ciudad.

Esta es una decisión de primera instancia, contra la cual la defensa del alcalde tiene previsto presentar un recurso de reposición, cuando sea notificado oficialmente.

"El Vicefiscal General (Jorge Perdomo) va a trabajar intensamente en el caso, va a ordenar nuevas pruebas. Una de esas pruebas es verificar la decisión del Procurador General, hacer una inspección a la Procuraduría para mirar qué tipo de pruebas se practicaron después del pliego de cargos, y mirar cuáles fueron los argumentos que tuvo la defensa del alcalde (Petro); esos elementos se van a practicar en una inspección judicial y se van a llevar a los procesos que se siguen", afirmó el fiscal Montealegre.

Precisó que esta inspección está enmarcada dentro de las investigaciones que adelanta el despacho del Vicefiscal General por las supuestas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de aseo en Bogotá por parte de la administración de Petro.

Sistema interamericano de justicia

Según Montealegre, en este caso "el sistema de justicia interamericano (...) está facultado para pedir que se revoque la sanción a Petro, puesto que la jurisprudencia internacional ha señalado que quienes son elegidos mediante el voto popular, sólo pueden ser destituidos después de que se haya presentado una sentencia judicial ejecutoriada".

Petro solicitó en octubre pasado medidas cautelares precisamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar su destitución.

El Fiscal General sostuvo que instancias internacionales, como el propio sistema interamericano de derechos humanos, sí podría llegar a anular la decisión adoptada por el procurador Ordóñez en el caso de Petro, de demostrarse algún tipo de violación a la Convención de los Derechos Humanos al destituir e inhabilitar por 15 años al mandatario distrital.

Reelección del Procurador

De igual forma, el fiscal Montealegre dijo que el presidente Juan Manuel Santos está en mora de incluir en la reforma a la justicia, que será presentada ante el Congreso el próximo año, reestructuraciones urgentes, como la prohibición de la reelección del Procurador General de la Nación.

"Me parece que tiene que existir un gran rediseño de los órganos de control. No me parece conveniente en la institucionalidad que Procuraduría, Fiscalía y Contraloría tengan sobre el mismo hecho, casi en forma idéntica, los mismos ámbitos de competencia", anotó.

Señaló igualmente que "tiene que existir un rediseño constitucional en el que se prohíba, por ejemplo, la reelección del Procurador General de la Nación. Es la única figura de la constitución de los órganos de control que admite la reelección. Se prohíbe la reelección del Fiscal, la reelección del Contralor, pero me parece manifiestamente inconveniente que la Carta Política mantenga la posibilidad de la reelección del Procurador General".

Así mismo, aseguró que el actual modelo de investigación que maneja la Procuraduría es "inquisitivo, medieval y carente de garantías para quienes son investigados en materia disciplinaria".

Reforma a la justicia

El Fiscal indicó que "creo que uno de los grandes 'talones de Aquiles' que tiene el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos es que quedó en deuda con el país en materia de una reforma a la justicia".

Consideró que "es indispensable que en marzo del año entrante el Gobierno (…) presente una reforma a la justicia, porque no podemos dejar que pase un nuevo cuatrienio presidencial sin hacer todos estos ajustes de orden institucional que necesita el país".

Previamente se conoció que una sentencia del Consejo de Estado cuestiona las decisiones disciplinarias del Procurador General de la Nación. Este análisis fue hecho a través del estudio de una medida impuesta a una funcionaria en Tunja (Boyacá), quien fue inhabilitada por 12 años por no responder un derecho de petición.

Frente a este caso y de otros funcionarios, incluso alcaldes y senadores, el alto tribunal expresó que la Procuraduría no es un máximo poder como se ha entendido con las sentencias.

Por tal motivo cuestiona a la Procuraduría por tratar de dar últimas instancias a medidas que son de carácter disciplinario.

Otro de los cuestionamientos indica que la Procuraduría sólo debe ejercer poder de vigilancia, porque no es un juez para dar fallos.