Suspendidas cerca de 400 audiencias por paro de Asonal

Freddy Machado, uno de los voceros de Asonal Judicial, afirmó que las manifestaciones tienen como objetivo la nivelación salarial de unos 40 mil funcionarios de ese sector.

"Lo que estamos pidiendo es que el Gobierno nos cumpla lo que nos prometió (...) Somos cerca de 40 mil funcionarios los que estamos pendientes de la nivelación salarial que había ofrecido el Gobierno y que hasta ahora no nos han cumplido", señaló.

Indicó que "es un paro total por parte de los judiciales tras la respuesta del Gobierno que prefiere dar mermelada, pero que nunca mira y nunca atiende a las reclamaciones de esta rama".

Machado sostuvo que el paro será indefinido hasta que se llegue a un acuerdo con el Gobierno Nacional.

Medidas contra trabajadores judiciales

Entre tanto, la Dirección de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura impartió órdenes para evaluar la continuidad de las medidas de descongestión de quienes hagan parte del paro promovido por los funcionarios de la Rama Judicial.

De acuerdo con una carta enviada a todos los directores de las seccionales judiciales se advierte que deben entregar un informe pormenorizado de quienes estén haciendo parte del cese de actividades en diferentes regiones del país para tomar las medidas correspondientes.

"La Sala dispuso solicitar a ustedes se sirva presentar un informe sobre los servidores judiciales que participen en el mismo, ver si son permanentes o de descongestión, identificar las sedes cerradas a los usuarios y verificar diariamente dicha participación, para analizar la pertinencia de mantener las medidas de descongestión que no estén laborando normalmente", señala la nota emitida por el vicepresidente de la Sala Administrativa de la Judicatura, Néstor Raúl Correa.

Con esta determinación la Judicatura establecerá si deben continuar las políticas de descongestión que fueron acordadas en anteriores reuniones para mantener los beneficios que éstas llevan para los funcionarios judiciales en el país.

Previamente, el fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, lanzó una advertencia a los funcionarios judiciales que se sumen al paro judicial.

Por su parte Sara González, representante de la Unión de Servidores del CTI a nivel nacional (UNISER), denunció que este cese de actividades no tiene reversa y que el problema es que el Fiscal General Encargado se dedicó a hacer nombramientos a dedo para pagar cuotas políticas.

A través de un circular de tres puntos el fiscal general, Jorge Perdomo, hizo un llamado a todos los funcionarios de la entidad para que sigan cumpliendo con las funciones legales y constitucionales que tiene a su cargo.

De igual forma, advirtió que los distintos jefes de unidad estarán atentos a efectuar controles estrictos de asistencia para verificar el cumplimiento de los horarios de trabajo y el normal desarrollo de las actividades en la entidad.

El fiscal Perdomo dejó en claro que una vez se estudie la viabilidad jurídica, se aplicarán los descuentos salariales a los funcionarios judiciales por los días que no laboren en desarrollo del paro del sector judicial.

A su turno, Sara González dijo que con la Fiscalía se hicieron unos acuerdos que a la fecha no han sido cumplidos y la preocupación por el tema de la reestructuración administrativa en la entidad que fue creada con burocracia y nombramientos para devolver favores políticos.

"No es cierto y no entiendo a quien dice la Fiscalía que convocó el paso 1 de octubre a sostener una reunión con los líderes de los sindicatos. Nosotros no nos hemos negado a hablar con ellos, por el contrario son ellos nunca han accedido a nosotros, se les envía derechos de petición y oficios y el mismo fiscal general nunca nos dio la cara", dijo González.

De igual forma sostuvo que al Fiscal General no se le puede olvidar que él mismo fue quien llamó desde Cartagena a los magistrados del tribunal para que salieran a paro para que lo apoyaran.

"Ahora somos nosotros los que vamos a paro porque estamos en contra de las políticas arbitrarias y lesivas que tiene contra el CTI y pretender parar esto no porque ya no tiene reversa. Queda claro que nosotros no vamos a seguir siendo pisoteados por esta administración", indicó González.

"Ellos hicieron una reestructuración competente organizada para pagar cuotas políticas porque esto es pura burocracia, al CTI lo redujeron a la mínima expresión.
Nosotros como CTI estamos siendo vulnerados por un gran defensor de derechos humanos que dice ser el Fiscal General y no respeta principio fundamental de la dignidad humana", agregó.

González enfatizó que un ejemplo claro de los nombramientos para pagar cuotas políticas fue la designación en la Fiscalía de Mario Alejandro Otálvaro, hijo del presidente de Asonal judicial Luis Fernando Otálvaro.