Durante una reunión con la bancada de congresistas del partido Conservador, el fiscal general de la Nación expresó de nuevo sus preocupaciones sobre la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. El fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que el país podría enfrentar una trampa, de continuar discutiendo esta iniciativa sin que la Corte Constitucional haya emitido un fallo sobre el acto legislativo que creo esta nueva jurisdicción. “Los tiempos nos están agobiando de una manera absolutamente inconveniente que podría generarse una trampa institucional y es que mientras no se produzca el fallo de la Corte Constitucional y se está avanzando en la ley estatutaria, puede ser que lo que se decida en la ley estatutaria por parte del Congreso no se refleje en el fallo final que expida la Corte Constitucional, esa es una dificultad de ultima hora que habrá que tener en cuenta para el trámite de la ley”, señaló el fiscal. (Lea también: Magistrado Gustavo Malo ampliará denuncia penal contra exfiscal Moreno) Martínez también apoyó la preocupación expresada por la Corte Penal Internacional en la que pide suprimir el concepto de sistematicidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por los integrantes de las Farc. “El tema de la responsabilidad no debe centrarse solo en máximos responsables y yo creo que la fiscal de la Corte Penal Internacional ha dado muchos elementos para juzgar cual es el marco constitucional en que se debe desarrollar la ley estatuaria”, manifestó. “La propia fiscal de la Corte Penal Internacional ha compartido el criterio de la Fiscalía General de la Nación tratándose de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, no puede haber ningún tipo de amnistía, beneficios o tratamiento favorables, ese es un imperativo del orden jurídico internacional”, añadió. El fiscal general dijo que no está resuelta su preocupación sobre la necesidad de que puedan seguir avanzando las investigaciones, así como tampoco se han precisado las facultades de los jueces de la Jurisdicción Especial de Paz que podrían desbordarse debido a que no está lista la ley de procedimiento que regirá sus actuaciones.