El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró que ve con buenos ojos la posibilidad de otorgarle un principio de oportunidad al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, a cambio de que suministre información clave a la justicia sobre los hechos de corrupción en esa región y se repare el daño patrimonial causado.

“En este momento sería muy conveniente un principio de oportunidad sobre la base de acceder a información de la cual carece en estos momento la justicia colombiana en beneficio de la integridad ética de los servidores públicos, particularmente de ese departamento”, dijo Martínez Neira.

No obstante, dejó en claro que la justicia por colaboración contempla unos postulados muy enfáticos para este tipo de negociaciones como lo es el reconocimiento de los delitos cometidos y una indemnización consecuente al daño causado.

“Si nuestros fiscales se han reunido con los abogados del exgobernador hemos estado interactuado entre las Fiscalías de Colombia y Estados Unidos para que en estas materias actuemos en forma armónica”, indicó.

Agregó que “el principio de oportunidad no puede ser sinónimo de impunidad (...) tiene que hacerse sobre la base de que la inmunidad no puede ser total, y en segundo lugar que se indemnicen los daños causados por conductas que afectaron el patrimonio público de Córdoba en las dimensiones que conoce el país”.

Alejandro Lyons pidió a la Fiscalía servir como testigo en diferentes hechos de corrupción a cambio de que cese el proceso penal que armó en su contra Luis Gustavo Moreno, por el cual se le sindicó públicamente de ser autor de 20 delitos, y se suspenda de manera definitiva la anunciada imputación de cargos por irregularidades “en el manejo del sistema general de regalías del Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología” por más de 150 mil millones de pesos.

En el caso de la colaboración eficaz que está prestando a la DEA y las demás autoridades norteamericanas, Lyons solicitó que se le garantice su seguridad y la de su familia a cambio de testificar en el respectivo proceso federal contra el exfiscal Luis Gustavo Moreno y el abogado Pinilla tras recibir de manos del exmandatario 10.000 dólares en una reunión en la Florida, como parte inicial de un adelanto por 40.000 dólares.