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Fiscalía acusa a una ex rectora de Manizales por irregularidades en una institución

En el proceso está vinculada también una ex tesorera

La fiscalía 5 seccional acusó por 5 cargos a la ex rectora del colegio Leonardo Davinci, Magola Franco Pérez y a la ex tesorera de la misma institución Gloria Estela Zapata por los delitos de Interés Indebido en la Celebración de Contratos, Celebración de Contratos sin el Lleno de Requisitos legales, Falsedad Ideológica en Documento Público, Falsedad en Documento Privado y Concusión.

El hecho tiene relación con una serie de contratos que se hicieron en la institución en el año 2010, para la remodelación y organización de algunas instalaciones locativas.

Según la fiscalía, se pudo determinar que los contratos se hicieron inicialmente de forma verbal en el primer semestre de ese año, donde sin contar con el dinero se hicieron una serie de facturas de los materiales adquiridos para dichos trabajos.

Por tratarse de contratación estatal se determinó también que no se hicieron licitaciones para que participaran varios oferentes en los contratos que superaban el tope reglamentario.

La fiscalía agrega que según declaración juramentada de uno de los principales testigos, quien participó en la mayoría de los contratos Juan Carlos Galeano Valencia, a éste no se le canceló el total de la deuda y además dijo que la rectora le pedía un porcentaje del 12 % de los contratos.

Además el ente acusador explicó que en uno de los contratos se pusieron otros nombres de personas para tratar de equilibrar la situación, pero que finalmente llegaba al mismo lado.

En cuanto a la tesorera, Gloria Estela Zapata, la fiscalía argumentó que en un contrato por 2 millones 487 mil pesos que se le dio a otro beneficiario, ésta le pidió que le diera 2 millones para poder cancelarle lo otro que se le debía, según la fiscalía se determinó que el contratista le endosó dicho cheque a un primo de la tesorera y al final fue ella quien recibió el dinero y le pasó el restante al contratista.

La juez cuarta penal de control de garantías no decretó la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria que había solicitado la fiscalía. Argumentó que ellas no representan un peligro para la sociedad, pero aclaró que siguen vinculadas al proceso.

Cabe mencionar que Magola Franco ya había sido procesada administrativamente donde se inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos por este mismo caso.

Así mismo en dicho proceso administrativo, la tesorera fue absuelta y se le archivó el proceso.

Para dentro de 3 meses quedó programada la audiencia preparatoria en este caso.