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RCN La Radio conoció que la Fiscalía llegó a esta conclusión luego de realizar un rastreo en todo el país para valorar los más de 400 casos de exguerrilleros y exparamilitares que aparecían hace más de un año con la posibilidad de recuperar la libertad.



Dentro del listado de exmiembros de las autodefensas que dejarían la cárcel se encuentran los exjefes paramilitares Ramón Isaza, alias 'El viejo'; Fredy Rendón Herrera, alias 'El Alemán'; Jorge Iván Laverde Zapata, alias ' El Iguano', y alias 'Botalón'.

Los informes de la Fiscalía señalan que estos casos se sumarían a los relacionados con los exparamilitares Jhon Jairo Álvarez, alias 'Manco', y Víctor Asís Quintero, de los bloques Bananero y Central Bolívar, respectivamente, quien fueron los primeros en recuperar la libertad, en abril y mayo de este año.

Primeras macrocondenas

De igual forma, RCN La Radio conoció que tras largos meses de espera el Tribunal Superior de Bogotá anunciará el próximo primero de julio la primera macrocondena contra uno de los considerados máximos responsables que identificó la Fiscalía tras la estrategia de priorización ordenada por el fiscal general, Eduardo Montealegre.

Esta primera macrosentencia fue fijada en contra del exjefe paramilitar Ramón Isaza, quien paradójicamente también sería uno de los primeros en recuperar la libertad por pena cumplida.

Acorde a los presupuestos de la Fiscalía, el próximo en recibir una macrocondena sería el extraditado paramilitar Ever Velosa García, alias 'HH', quien al igual que los demás exjefes de las autodefensas detenidos en Estados Unidos por cargos relacionados con la actividad del narcotráfico, tendrán luego que regresar al país para cumplir con los ocho años de prisión que contempla la ley de Justicia y Paz.

Frenan salida de exguerrilleros

Según se indicó, frente a los exguerrilleros, su intención de salir de la cárcel por ahora se ve frustrada debido a la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que dejó en claro que la pena cumplida de los 8 años de prisión, no sólo es necesaria para recuperar la libertad y condiciona ese beneficio a otra serie de requisitos como la entrega de bienes para reparar a las víctimas y no continuar delinquiendo.

Según la Fiscalía, la jurisprudencia indica que en el caso de la mayoría de los exparamilitares se trató de una desmovilización colectiva y los ocho años de pena cumplida comienzan a contar luego del mes de julio de 2005.

Sin embargo, en el caso de los exmiembros de las Farc, el ELN, y otros grupos armados en gran medida su desmovilización fue individual y para solicitar la libertad debe ser tenida en cuenta la fecha de postulación de los exguerrilleros.

De acuerdo con los registros judiciales de la Fiscalía, por ejemplo en el caso de Elí Mejía Mendoza, alias ' Martín Sombra', conocido como el 'carcelero' de las Farc, aunque fue capturado en 2008, su postulación a Justicia y Paz sólo fue hasta el 2011 y ante ello su eventual salida de prisión sería hasta 2019.

Igual escenario sucede con Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina', exjefe de los frentes 5 y 47 de las Farc, quien fue postulada a Justicia y Paz en 2008 y sólo hasta el año 2016 podría llegar a recuperar la libertad.

¿Quién se responsabilizará de la libertad de los postulados?

Ante esta pregunta, RCN La Radio indagó con la Fiscalía General y encontró que la Ley de Justicia y Paz dejó la responsabilidad de la protección de los exparamilitares y exguerrilleros que queden libres tras pena cumplida en manos del Gobierno Nacional y las autoridades competentes, como sería en este caso la Unidad Nacional de Protección y la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en armas.

La Ley 975 de (Justicia y Paz) en su artículo 66 (Modificado Art. 35 Ley 1592/12) señala: "El Gobierno Nacional, a través de las entidades competentes, determinará y adoptará las medidas de protección para los postulados a la presente ley que quedaren en libertad por cumplimiento de la pena alternativa privativa de la libertad o por efecto de sustitución de la medida de aseguramiento, previo estudio del nivel de riesgo y de conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar su proceso de reintegración".