La Fiscalía General de la Nación determinó declarar como un delito de lesa humanidad el magnicidio del líder político Álvaro Gómez Hurtado, quien fue asesinado el 2 de noviembre de 1995. Así lo confirmó a RCN Radio Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia y sobrino del asesinado dirigente conservador, quien señaló que con esta decisión se evita la posibilidad de que prescriba la investigación. El abogado Gómez Martínez indicó que tras reiteradas solicitudes de la familia, la Fiscalía 190 de Derechos Humanos fue quien los notificó de la decisión de esta declaratoria de lesa humanidad. "Fue un homicidio cometido en persona protegida, pues Álvaro Gómez ejercía activamente el periodismo para la época en que fue asesinado", señaló el abogado Gómez. Agregó que "hemos logrado establecer con un catálogo de pruebas la participación de miembros de la Fuerza Pública en la planeación y comisión del homicidio y finalmente hay un claro conjunto de homicidios sistemáticos bajo la administración de Ernesto Samper, enfocados a proteger a esa administración de las consecuencias derivadas de sus probadas y notorias relaciones con el narcotráfico”. Según el jurista, esa supuesta relación entre el gobierno del expresidente Samper y el narcotráfico habría dado origen “a por lo menos 30 homicidios realizados con la tolerancia de ese gobierno para silenciar a quienes denunciaban el ingreso de dineros a la campaña de Samper y la influencia que el narcotráfico tenía en ese gobierno". De igual forma sostuvo que espera que con esta decisión los fiscales a cargo del proceso practiquen toda una serie de nuevas pruebas que serían clave para vincular, entre otros, a uno de los más peligrosos y reconocidos sicarios de la estructura criminal, el narcotraficante Wilmer Varela, alias Jabón. "Nosotros seguimos esperando que se complete la investigación con un nuevo catálogo de pruebas a practicar; y hemos pedido la vinculación de una persona que no está cobijada por fuero, un reconocido criminal señalado como autor material de los hechos, que hoy goza de protección de la Policía y a quien la Fiscalía se niega a vincular, desde la administración de Eduardo Montealegre quien no sólo negó, sino que hizo todo lo posible por impedir que se realizarán las pruebas", indicó Gómez Martínez.