Ante un juez de Bogotá, la Fiscalía legalizó la captura e imputó cargos a Norela Acosta Tenorio, juez Segunda Civil de Buga y a Carlos Andrés Grajales Gamba, quienes pretendían desfalcar al Estado colombiano en 40 mil millones de pesos. Acosta es procesada por los delitos de concusión, cohecho propio y prevaricato por acción y Carlos Andrés Grajales Gamba es señalado del delito de prevaricato por acción en calidad de coautor. Según la Fiscalía, la juez Acosta recibió 60 millones de pesos en el año 2007 para sobre valorar el predio del Parador de Buga en 16 mil millones de pesos y de pedir adicionalmente el 15 por ciento del valor total que debe pagar la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, por el terreno. El proceso penal contra Grajales Gamba hace referencia al dinero que le entregó a la juez para aumentar el avalúo de la propiedad, el cual fue decretado para el año 2006 en 10 mil millones de pesos, pero que en 2007 y de forma inexplicable aumentó a 16 mil millones de pesos cuando su valor no superaba 2 mil millones de pesos. El Gobierno requiere comprar el terreno donde se encuentra el Parador de Buga para construir la doble calzada Cali-Buenaventura, actualmente la ANI tiene que pagar $40 mil millones, no solo por el avalúo del terreno, sino que además el excesivo costo es por los intereses sobre el precio del parador generados durante los últimos años.