La Fiscalía General de la Nación imputó ante el juez 61 con función de control de garantías al segundo grupo de falsas víctimas de la masacre de Mapiripán, conformado por las hermanas Sara Paola, Luz Mery, Ester y María Teresa Pinzón. Según el ente acusador, existen pruebas suficientes para demostrar que estas cuatro mujeres engañaron al Estado y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la supuesta muerte de sus hermanos y del cónyuge de una de las hoy imputadas, siendo, de forma equívoca, reconocidas como víctimas de la masacre de Mapiripán. La Fiscalía aseguró que gracias a las investigaciones que se han adelantado entorno a la Masacre se logró demostrar que ni el cónyuge ni los hermanos de las sindicadas murieron en los hechos perpetrados en el departamento del Meta en julio de 1997. Por el contrario, con el tiempo las autoridades han demostrado que algunos de los supuestos hombres masacrados en Mapiripán están vivos, otros murieron recientemente en diferentes lugares del país y por causas ajenas a una muerte violenta. Se estima que a manera de indemnización el Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa, les pagó a las falsas víctimas cerca de dos mil 500 millones de pesos, que además hoy, según la defensa de las supuestas víctimas no podría ser devuelto en efectivo. Las hermanas Pinzón fueron imputadas y tendrán que responder por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, falso testimonio, fraude procesal y estafa. A la diligencia judicial asistió el general Jaime Humberto Uscátegui condenado a 37 años de cárcel por la masacre de Mapiripán y quien fue reconocido como víctima dentro de este proceso.