Cargando contenido

Ahora en vivo

Seleccione la señal de su ciudad

Fiscalía investiga un centenar de homicidios de líderes sociales ocurridos en los dos últimos años

Foto archivo.



La Fiscalía General señaló que desde el 2017 y en lo que va de 2018 se han registrado 101 homicidios contra defensores de derechos humanos, líderes sociales, políticos y comunales que son objeto de investigación penal.

De acuerdo con el reporte de los investigadores del total de casos, diez se han registrado en el departamento del Valle del Cauca.

Según el informe de los fiscales que coordinan estos procesos de los 101 casos reportados hasta el momento 42 han sido esclarecidos.

La Fiscalía también le hizo un llamado al Gobierno Nacional y local para que en el marco de los compromisos asumidos con el paro cívico se tomen medidas inmediatas de protección individual y colectiva para las comunidades y los líderes que aún luchan por su territorio.

Este reporte se conoció a propósito de los recientes casos de homicidios de defensores de derechos humanos en el país como lo es el asesinato de Temístocles Machado, líder social de Buenaventura (Valle del Cauca) quien venía luchando por la integridad del territorio.

La investigación del homicidio de Machado fueron priorizada y cuenta con un equipo de fiscales e investigadores dedicados al esclarecimiento de los hechos que establecieron como primera hipótesis que este crimen sí se relaciona con la actividad como líder social que desempeñaba la victima.

(Lea también: Crimen de Temístocles Machado se relaciona con su actividad como líder social: Fiscalía)

“Como lo estableció la Directiva 002 de 2017, la primera hipótesis del caso es que los móviles del homicidio están relacionados con el liderazgo de Machado, en la lucha por el territorio, especialmente por predios urbanos de la Comuna 6 del Puerto” dijo la Fiscalía.

La policía judicial recaudó la evidencia en el lugar de los hechos y continúa labores de investigación conducentes al esclarecimiento del caso.

Asimismo, la administración distrital y departamental dispuso el pago de recompensa por información pertinente y útil para la investigación y la identificación de los responsables, hasta de 20 millones de pesos.