El juez 42 de control de garantías tumbó por segunda oportunidad el principio de oportunidad firmado entre la Fiscalía General y el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Luis Gustavo Moreno dentro del proceso que se adelanta por el denominado “cartel de la toga”.

En la audiencia celebrada este jueves, el funcionario judicial consideró que el documento firmado entre Moreno y el ente investigador no cumplía con todos los requisitos exigidos por la ley en este tipo de casos, hecho por el cual rechazó lo pactado entre las dos partes.

"Existen inconsistencias a efectos de otorgar el aval legal y constitucional del principio de oportunidad, debido a que no se ha facultado al fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho, como designado por el Fiscal General, para solicitar el principio de oportunidad sobre el radicado conocido como el proceso por el "cartel de la toga", manifestó el juez.

En ese sentido, explicó que los procesos de Luis Gustavo Moreno se dividen en tres partes: lo adelantado ante la justicia de Estados Unidos y la extorsión al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons; las investigaciones de la justicia colombiana, sobre lo cual únicamente el principio de oportunidad puede ser verificado sobre los procesos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el ex fiscal Luis Gustavo Moreno al respecto del 'cartel de la toga'".

Adicionalmente, el juez manifestó que el despacho "no puede otorgar un principio de oportunidad sobre las conductas delictivas mencionadas contra el ex fiscal, pero la ley no establece negociaciones sobre delitos que no han sido establecidos por la Fiscalía en el mismo trámite de negociación. Razón por la cual el despacho no accede a la petición elevada por la Fiscalía".

Finalmente le hizo un llamado de atención a la Fiscalía para que "a las diligencias relacionadas con el proceso penal sobre el cual se investiga a Luis Gustavo Moreno, el exfiscal comparezca a las audiencias que son de su interés, y sobre las cuales, la Fiscalía debe ejercer control formal para que el procesado esté presente de manera presencial o virtual".

El ente investigador solicitaba que se frenara la persecución penal durante 12 meses en contra de Moreno por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada, esto a cambio de colaboración con las autoridades en las investigaciones por este escándalo de corrupción.

La Fiscalía General tuvo que replantear el principio de oportunidad luego que el pasado 16 de enero, la jueza 23 de control de garantías tumbará la negociación al considerar que existían errores de fondo en el documento firmado con el exfiscal Moreno.

En la investigación en contra de Luis Gustavo Moreno se advierte que cuando fungía como abogado penalista al parecer favoreció la manipulación de procesos dentro de la Corte Suprema de Justicia, cobrando millonarias comisiones a congresistas para desviar los procesos que se adelantaban en el alto tribunal.

La información que el ex fiscal anticorrupción entregaría, estaría relacionada con los pagos de los congresistas Musa Besaile por 2.000 millones de pesos, Álvaro Ashton por $1.200 millones; Julio Manzur por 2.000 millones de pesos y al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía.