La Fiscalía General solicitó imponer medida de aseguramiento en contra de los magistrados Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño, señalados de supuestamente hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y otra serie de delincuentes.


De acuerdo con la fiscal del caso existen suficientes pruebas que advierten que los magistrados representan un peligro para la comunidad.


Asimismo según la Fiscalía la medida de aseguramiento resulta necesaria porque existe el riesgo de que los magistrados del Meta no comparezcan al proceso y puedan obstruir las respectivas investigaciones.


El expediente señala que estos tres magistrados en el primer semestre de 2013, al parecer, recibieron 150 millones de pesos como parte de una promesa por mil millones de pesos para favorecer a través de un recurso de apelación a una pareja que fue condena por homicidio y tentativa de homicidio.


“También recibieron el pago de estadía en un balneario con todos sus consumos, incluyendo licores, así como el pago de servicio de compañía de mujeres“, dijo la fiscal del caso.


Según la fiscal en el segundo semestre de 2016 esa promesa de pago de sobornos fue elevada a tres mil millones de pesos.


De acuerdo con las pruebas, los magistrados investigados favorecieron principalmente a exmiembros de autodefensas que luego de su desmovilización mutaron a otras organizaciones criminales que delinquían en Villavicencio y otras zonas del país.


Estos magistrados son señalados de cometer los delitos de concierto para delinquir, falsedad material e ideológica en documento público, cohecho por dar y ofrecer y prevaricato por acción en concurso homogéneo.