La fiscal general (e) María Paulina Riveros rechazó los hechos en los que resultó implicado un abogado de la Defensoría del Pueblo que fue capturado en Barranquilla (Atlántico), como posible responsable de los delitos de acceso carnal abusivo a menor de edad e incesto. Según la fiscal encargada “en toda sociedad la protección de los menores debe correr por cuenta de los adultos, de sus familiares y más aún de los operadores de la justicia, en especial, los funcionarios del Estado”. El pronunciamiento lo hizo tras conocer el caso del penalista, que también se desempeña como conjuez del Tribunal Superior de Barranquilla, quien fue capturado por un grupo de agentes de policía del CTI. La investigación se relaciona con los hechos en los que fue abusada una menor de 16 años y que son investigados por un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abusos Sexuales. Riveros insistió en la decisión de la Fiscalía por luchar contra este delito y proteger los derechos de los menores como una política pública que busca que los responsables de estos hechos sean castigados ejemplarmente.