El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dijo que el jueves 27 de agosto solicitará medida de aseguramiento contra el consejero espiritual de la campaña presidencial del Centro Democrático, Luis Alfonso Hoyos. El Fiscal Montealegre aseguró, "si el juez considera que hay méritos para dictar esa medida de aseguramiento, entonces solicitará a Estados Unidos la extradición de Luis Alfonso Hoyos". También el Fiscal General de la Nación aseguró que "se solicitará circular roja de Interpol, para su respectiva captura". Este viernes, a Luis Alfonso Hoyos le imputaron cargos por cinco delitos, durante una audiencia en la que no fue excusada su ausencia. "La Fiscalía imputó la utilización de software malicioso, violación de datos personales, acceso abusivo a sistema informático, espionaje y concierto para delinquir", sostuvo el fiscal Montealegre. También añadió que "el juez que lleva el caso declaró la contumacia del señor Luis Alfonso Hoyos, es decir, la justicia colombiana acepta que no existe un fundamento razonable, una justificación para no asistir el día de hoy a la audiencia de imputación de cargos". Por otro lado, el Fiscal se refirió al escándalo por corrupción en los contratos de los alimentos escolares que han afectado a miles de niños colombianos. Montealegre aseguró que ha constituido un grupo de más de 60 funcionarios para que investiguen todo lo relacionado con las irregularidades presentadas en la contratación con los operadores encargados de suministrarle a los menores las comidas diarias. "El objetivo es hacer un análisis de los contratos, verificar la calidad de los contratistas, además queremos hacer una investigación sobre los funcionarios del ICBF que otorgaron y celebraron estos contratos. Queremos establecer si existieron actos de corrupción en el ICBF al momento de la suscripción de estos contratos. Además, queremos saber por qué razón no se cumplieron con las medidas para hacer una vigilancia especial de la alimentación que se le brinda a los niños del país", manifestó Montealegre. Finalmente, dijo que por estos hechos se realiza una investigación especial en los departamentos de Guajira, Atlántico y Chocó. Afirmó que en La Guajira están siendo revisados 87 contratos de suministro de alimentación escolar por un valor de 180 mil millones de pesos.