El fiscal General, Néstor Humberto Martínez, hizo una llamado de advertencia a la Cancillería Colombia y a Migración Colombia por el incremento desde 2017 a la fecha de las capturas en flagrancia de venezolanos implicados en delitos de alto impacto en el país como hurto y tráfico de drogas.

A través de una carta y un anexo de ocho páginas del fiscal Martínez a la canciller María Ángela Holguín se señala que en este lapso han sido capturados un total de 1.869 ciudadanos venezolanos.

Más de 220 mil venezolanos han entrado a Colombia, les hemos extendido la posibilidad de estar acá hasta por dos años, canciller Holguín)

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía las zonas de mayor impacto son en su orden Norte de Santander con 643 capturas, seguido por Bogotá con 198, Guajira con 148 y Santander con 140 detenidos.

El fiscal general señaló que este informe es clave será tenido en cuenta por la cancillería a la hora de participar el próximo jueves en la cumbre gubernamental para analizar la política migratoria del Gobierno Nacional con ocasión de la crisis venezolana.

Asimismo, la Fiscalía reveló que la tendencia de estas capturas registra un incremento del 228 %, a partir del mes de agosto de 2017.

Según la entidad, mientras en enero de 2017 se realizaron 78 capturas, en enero de este año se efectuaron 256 detenciones.

De acuerdo con los investigadores sólo en Bogotá, durante el mes de enero pasado, las capturas en flagrancia ascendieron a 42.

Los fiscales a cargo de estos procesos establecieron que otros de las actividades criminales en que más están incurriendo los ciudadanos venezolanos que migraron hacia Colombia son los delitos de lesiones personales, contrabando de hidrocarburos, tráfico de armas de fuego, receceptación y violencia intrafamiliar.

Obstáculos para judicializar a venezolanos


La Fiscalía también identificó las dos principales dificultades que están enfrentando las autoridades colombianas para capturar y judicializar a los venezolanos que está delinquiendo en el país.

El primer obstáculo se relaciona directamente con la identificación de estos venezolanos debido a que los documentos de identidad expedidos en la frontera no gozan de los mecanismos para lograr su plena individualización y tampoco se cuenta con enlaces o canales de comunicación con las autoridades venezolanas para lograr este fin.

La segunda dificultad radica en la falta de personal de Migración Colombia en las oficinas regionales lo que impide adelantar procesos de deportación expeditos frente a estos extranjeros capturados en flagrancia y la falta de albergues transitorios mientras se surten los diferentes trámites administrativos.

"Es inaplazable considerar políticas que prevengan que los inmigrantes apelen al delito como una alternativa de vida, de cara a drama humanitario que experimentan y en cuya atención Colombia está comprometida”, enfatizó el fiscal Martínez.